Ecuador intenta dejar de ser "una economía de recursos limitados", como los
agrícolas y energéticos, para convertirse "en una economía de las ideas y el
talento humano", dijo el pasado jueves en Santiago el ministro Guillaume Long,
quien lidera una profunda reforma educativa en el país.
"Yo no creo en recetas, creo en principios. Para nosotros la educación superior es un bien público que nos pertenece a todos, porque tiene un gran impacto en la sociedad", dijo el ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador, en entrevista con Efe.
Long, quien realiza una visita de dos días a Chile, tiene previsto reunirse este jueves con su homólogo chileno, Nicolás Eyzaguirre, para abordar los cambios educativos implementados en Ecuador, una experiencia que puede servir de referencia en Chile, donde el Gobierno se ha comprometido a garantizar la gratuidad en todos los niveles de la enseñanza en un plazo de seis años.
"Ahora que Chile está en este profundo debate sobre la educación superior nosotros queremos aportar con ideas de manera muy humilde y estamos a las órdenes para compartir y dialogar siempre", agregó.
Una de las principales metas de la Administración de Michelle Bachelet, que asumió la presidencia el pasado día 11, es transformar la educación chilena, que combina un sistema público, con uno semipúblico (con subsidio estatal) y uno privado.
Esta reforma, que constituyó uno de los principales ejes del programa electoral que dio el triunfo a Bachelet, es una respuesta a la gran demanda ciudadana en este ámbito, y especialmente de los estudiantes, que desde comienzos de 2011 han protagonizado multitudinarias movilizaciones.
Ecuador tiene camino recorrido en ese ámbito, ya que desde 2009 el Gobierno ha impulsado profundas modificaciones, particularmente en la formación universitaria.
De partida, se han cerrado 14 de las 71 universidades existentes en el país, la mayoría de ellas privadas.
También se ha establecido un nuevo sistema de certificación de esos centros de estudio, elevando las exigencias académicas y de investigación.
Long sostuvo que, aunque cada país tiene una realidad diferente, hay problemas en común.
"Nosotros tuvimos un problema muy grave con la creación irresponsable de universidades, sobre todo privadas, en la década de los años noventa, que tuvimos que enmendar con políticas muy fuertes de acreditación y de regulación de la educación superior para evitar la estafa académica", argumentó.
En Chile toda la educación universitaria es de pago, incluso en las instituciones que son financiadas por el Estado.
El programa de Bachelet contempla otorgar gratuidad en todos los niveles de educación, que será financiada con fondos recaudados en virtud de una reforma tributaria que pretende elevar los impuestos a las empresas de un 20 % a un 25 %.
En el caso de Ecuador, el Estado destina un 2 % del PIB a la enseñanza, lo que supera el 1,2 % por ciento que aportan en promedio los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Chile pertenece.
La reforma ecuatoriana también aspira a reducir de 16.000 a 5.700 el número de escuelas que imparten formación básica y secundaria, para mejorar su calidad.
"Estamos racionalizando el sistema de educación general (...), tenemos muchas escuelas rurales donde la maestra atiende a niños de 5 a 15 años; eso no es educación para el siglo XXI", advirtió el ministro.
"Ese no es un tema menor, hay una etapa de transición, en infraestructura y en talento humano (...), pero creemos que la transformación de nuestras sociedades pasa por el conocimiento y el talento. Si formamos a los ecuatorianos del futuro, esos son recursos ilimitados", agregó Guillaume Long.
"Yo no creo en recetas, creo en principios. Para nosotros la educación superior es un bien público que nos pertenece a todos, porque tiene un gran impacto en la sociedad", dijo el ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador, en entrevista con Efe.
Long, quien realiza una visita de dos días a Chile, tiene previsto reunirse este jueves con su homólogo chileno, Nicolás Eyzaguirre, para abordar los cambios educativos implementados en Ecuador, una experiencia que puede servir de referencia en Chile, donde el Gobierno se ha comprometido a garantizar la gratuidad en todos los niveles de la enseñanza en un plazo de seis años.
"Ahora que Chile está en este profundo debate sobre la educación superior nosotros queremos aportar con ideas de manera muy humilde y estamos a las órdenes para compartir y dialogar siempre", agregó.
Una de las principales metas de la Administración de Michelle Bachelet, que asumió la presidencia el pasado día 11, es transformar la educación chilena, que combina un sistema público, con uno semipúblico (con subsidio estatal) y uno privado.
Esta reforma, que constituyó uno de los principales ejes del programa electoral que dio el triunfo a Bachelet, es una respuesta a la gran demanda ciudadana en este ámbito, y especialmente de los estudiantes, que desde comienzos de 2011 han protagonizado multitudinarias movilizaciones.
Ecuador tiene camino recorrido en ese ámbito, ya que desde 2009 el Gobierno ha impulsado profundas modificaciones, particularmente en la formación universitaria.
De partida, se han cerrado 14 de las 71 universidades existentes en el país, la mayoría de ellas privadas.
También se ha establecido un nuevo sistema de certificación de esos centros de estudio, elevando las exigencias académicas y de investigación.
Long sostuvo que, aunque cada país tiene una realidad diferente, hay problemas en común.
"Nosotros tuvimos un problema muy grave con la creación irresponsable de universidades, sobre todo privadas, en la década de los años noventa, que tuvimos que enmendar con políticas muy fuertes de acreditación y de regulación de la educación superior para evitar la estafa académica", argumentó.
En Chile toda la educación universitaria es de pago, incluso en las instituciones que son financiadas por el Estado.
El programa de Bachelet contempla otorgar gratuidad en todos los niveles de educación, que será financiada con fondos recaudados en virtud de una reforma tributaria que pretende elevar los impuestos a las empresas de un 20 % a un 25 %.
En el caso de Ecuador, el Estado destina un 2 % del PIB a la enseñanza, lo que supera el 1,2 % por ciento que aportan en promedio los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Chile pertenece.
La reforma ecuatoriana también aspira a reducir de 16.000 a 5.700 el número de escuelas que imparten formación básica y secundaria, para mejorar su calidad.
"Estamos racionalizando el sistema de educación general (...), tenemos muchas escuelas rurales donde la maestra atiende a niños de 5 a 15 años; eso no es educación para el siglo XXI", advirtió el ministro.
"Ese no es un tema menor, hay una etapa de transición, en infraestructura y en talento humano (...), pero creemos que la transformación de nuestras sociedades pasa por el conocimiento y el talento. Si formamos a los ecuatorianos del futuro, esos son recursos ilimitados", agregó Guillaume Long.
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