ORDENAMIENTO TERRITORIAL UNO DE LOS CABOS SUELTOS, COMO DEBERÍAN SER NUESTRAS CIUDADES.

La apuesta es por el control de la tierra. En la Asamblea, no solo está en trámite el proyecto de Ley de Tierras, sino que entra en escena un borrador de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo.El proyecto empieza a consolidarse. El martes, la Unión Europea entregó el primer boceto a la Comisión de Gobiernos Autónomos. En 67 artículos y nueve disposiciones, el objetivo es ordenar el crecimiento urbano y rural, proteger los espacios públicos y establecer un control al usufructo que se obtiene del suelo.El legislador oficialista Octavio Villacreses explica que uno de los propósitos es unificar y coordinar el trabajo entre los gobiernos descentralizados y las autoridades nacionales competentes. Y afirma que, aunque ya existe un Código de Ordenamiento Territorial (Cootad), el control del suelo no está del todo claro.A su forma de ver, se trata de una mercancía, cuya comercialización y explotación deben ser reguladas por el Estado. Para eso en el borrador se plantea la creación de una Superintendencia del Territorio y una Junta Reguladora. Por ahora, las competencias en el control del ordenamiento territorial, según comenta, están dispersas y no tienen coordinación.El borrador establece plazos para la creación de los planes de ordenamiento territorial de los distintos niveles de gobierno. En estos se debe prever el crecimiento de las zonas urbanas y rurales para regularlo. En las ciudades se especifican los estándares mínimos de calidad ambiental, seguridad y accesibilidad. Desde el ancho de las veredas hasta el porcentaje de áreas verdes y comunitarias. Por ejemplo, por cada nueva vivienda debe haber, al menos, 10 metros cuadrados de espacios verdes (o el 15 % de la superficie).Las zonas verdes, áreas e infraestructuras públicas y comunales de las unidades urbanísticas deberán ser cedidas, gratuitamente, a los municipios.Otro cambio tiene que ver con la plusvalía. El documento establece que la plusvalía que se genere en cualquier sector, gracias a la intervención del Estado, deberá ser compartida hasta en un 25 % con el nivel de gobierno que hizo la inversión. Se contemplan asimismo plazos para la construcción de obras y su entrega. La intención es que, al existir una planificación, el suelo no permanezca improductivo, lo cual podría ser causa de expropiación.Villacreses dice que se protegerán las zonas rurales destinadas a la producción para que permanezcan como tales. Pero que también cumplirán con estándares de accesibilidad y construcción. Defenderán, dijo, los espacios públicos como riberas, playas y áreas verdes.Aunque no hay plazos para la aprobación de la ley, el proceso ya empezó y requerirá de socialización y debate.