El presidente de la comisión, Carlos Baca, aseguró que realizaron una investigación profunda y objetiva de los hechos con la clara compresión de que su función no es jurisdiccional ni judicial, pues esto le corresponde de acuerdo a la norma constitucional y a la Ley a la Fiscalía General del Estado.
Los discos duros que entregaron contienen la digitalización de unos 70.000 documentos y las bases documentales, de video y audio recabados durante la investigación. “Solicitamos encarecidamente y pedimos que sobre la base de su potestad, el fiscal analice el informe y establezca lo que corresponde en derechos”, sostuvo Baca.
Chiriboga enfatizó en que la Fiscalía no utiliza los casos expuestos por la comisión ni los informes como parte de los indicios o elementos de convicción, sin embargo, aseguró que estos han servido para iniciar investigaciones y procesar casos.
“Lo importante es que este informe tenga un respaldo técnico y jurídico y que ustedes puedan sustentar sus conclusiones sobre la base de documentos y no sobre aseveraciones de tipo emocionales”, dijo y resaltó que la aspiración del país es conocer la verdad estableciendo indicios desde el punto de vista procesal y penal.
El fiscal informó que se enviaron a Colombia proyectiles del caso para ser analizados por peritos de ese país, en una clara búsqueda de objetividad e independencia. También aseveró que la Fiscalía no puede referirse a la existencia de un golpe blando en el país.
“Golpe de Estado blando es una definición de las ciencias políticas, en el catálogo de la ciencias penales ecuatorianas, habría que analizar si hay indicios de cometimiento de un delito en contra de la seguridad interna del Estado”, sostuvo.
El pasado 10 de junio la Comisión Investigadora concluyó que las protestas que se realizaron el 30 de septiembre de 2010 eran parte de un golpe de Estado planificado por actores políticos y económicos.
Uno de los miembros del organismo, Oscar Bonilla, aseguró que “los responsables son actores políticos, organizaciones de militares y policías en servicio pasivo, sectores de la Policía y miembros de Fuerzas Armadas que se vincularon a los hechos, los poderes fácticos locales vinculados con poderes internacionales que planificaron los hechos también fuera del país”.
Baca también ha asegurado que la investigación expone la intervención de actores económicos dentro y fuera del país, interesados en interferir en los procesos de transformación estructural del Estado que inició el régimen del izquierdista Rafael Correa y que esta desestabilización no estuvo aislada de los procesos antidemocráticos registrados en la región.
El 30 de septiembre del 2010 ocurrió una sublevación policial por presuntos reclamos gremiales. El presidente Rafael Correa fue retenido por más de diez horas en el Hospital de la Policía y su liberación se logró gracias a la intervención del Ejército.
Según el Ministerio del Interior, más de 900 policías fueron sancionados administrativamente y al menos 130 tienen procesos judiciales pendientes, de los cuales 85 fueron dados de baja por su participación en la intentona golpista.
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