La
rectoría del agua con exclusividad para el Estado a través de una
Autoridad Única del Agua, con 23 atribuciones, fue aprobada ayer por el
pleno de la Asamblea con 103 votos del oficialismo y algunos de sus
aliados, como Avanza.
Tras cerca de tres horas de sesión y un receso de quince minutos pedido por el ponente Miguel Carvajal (AP) para hacer unas últimas modificaciones al documento presentado el sábado, 21 asambleístas de oposición también votaron, pero en contra y 6 se abstuvieron.
El texto presentado por el exasambleísta Jaime Abril (AP) en el 2010 enumeraba 13 competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua representada en una Secretaría, el texto presentado por Carvajal el 21 de este mes señalaba 24 atribuciones y el texto votado ayer quedó con 23.
Entre las competencias y atribuciones que señala el artículo 18 del proyecto de ley –que ahora irá al Ejecutivo para su sanción parcial o total– están: establecer y delimitar las zonas y áreas de protección hídrica, definir la delimitación administrativa de las unidades hidrográficas, otorgar las autorizaciones para los usos y aprovechamientos del agua, fijar mediante la aplicación de criterios técnicos y actuariales las tarifas para el uso y aprovechamiento productivo del agua, y otras.
La rectoría fue uno de los puntos más debatidos desde el 2010 cuando se presentó el primer informe para segundo debate. También el del Consejo Intercultural y Plurinacional que tendrá voz, pero no voto y que estará conformado por representantes de varios sectores involucrados con el agua.
Patricio Donoso (CREO) adelantó que si no se permitía votar artículo por artículo (como no ocurrió) votaban en contra.
Luis Fernando Torres y Henry Cucalón (PSC) señalaron que se abstuvieron porque hay cosas buenas y malas en la ley.
Torres dijo que la versión presentada por Carvajal para la sesión de ayer es mejor que la de hace cuatro años porque ahora existen garantías para las juntas de regantes y su única observación es en contra de la disposición undécima que dispone a la Autoridad Única del Agua a hacer una auditoría de las juntas de regantes, lo cual es “peligroso y excesivo”.
En su discurso inicial, Carvajal señaló que la ley prohíbe toda forma de privatización del agua, fortalece los sistemas comunitarios y mantienen la autonomía de gestión, administrativa y operativa.
También que se toman medidas para combatir el acaparamiento, informalidad y abuso del recurso y también se sugiere la exclusión del pago de tarifas para los titulares de derechos colectivos y para el resto de sistemas comunitarios.
Pero Lourdes Tibán (PK) señaló que votó en contra porque se saca a los sistemas comunitarios de la competencia y gestión del agua en el primer artículo de la ley.
103
Votos afirmativos recibió el proyecto de legislación.
Tras cerca de tres horas de sesión y un receso de quince minutos pedido por el ponente Miguel Carvajal (AP) para hacer unas últimas modificaciones al documento presentado el sábado, 21 asambleístas de oposición también votaron, pero en contra y 6 se abstuvieron.
El texto presentado por el exasambleísta Jaime Abril (AP) en el 2010 enumeraba 13 competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua representada en una Secretaría, el texto presentado por Carvajal el 21 de este mes señalaba 24 atribuciones y el texto votado ayer quedó con 23.
Entre las competencias y atribuciones que señala el artículo 18 del proyecto de ley –que ahora irá al Ejecutivo para su sanción parcial o total– están: establecer y delimitar las zonas y áreas de protección hídrica, definir la delimitación administrativa de las unidades hidrográficas, otorgar las autorizaciones para los usos y aprovechamientos del agua, fijar mediante la aplicación de criterios técnicos y actuariales las tarifas para el uso y aprovechamiento productivo del agua, y otras.
La rectoría fue uno de los puntos más debatidos desde el 2010 cuando se presentó el primer informe para segundo debate. También el del Consejo Intercultural y Plurinacional que tendrá voz, pero no voto y que estará conformado por representantes de varios sectores involucrados con el agua.
Patricio Donoso (CREO) adelantó que si no se permitía votar artículo por artículo (como no ocurrió) votaban en contra.
Luis Fernando Torres y Henry Cucalón (PSC) señalaron que se abstuvieron porque hay cosas buenas y malas en la ley.
Torres dijo que la versión presentada por Carvajal para la sesión de ayer es mejor que la de hace cuatro años porque ahora existen garantías para las juntas de regantes y su única observación es en contra de la disposición undécima que dispone a la Autoridad Única del Agua a hacer una auditoría de las juntas de regantes, lo cual es “peligroso y excesivo”.
En su discurso inicial, Carvajal señaló que la ley prohíbe toda forma de privatización del agua, fortalece los sistemas comunitarios y mantienen la autonomía de gestión, administrativa y operativa.
También que se toman medidas para combatir el acaparamiento, informalidad y abuso del recurso y también se sugiere la exclusión del pago de tarifas para los titulares de derechos colectivos y para el resto de sistemas comunitarios.
Pero Lourdes Tibán (PK) señaló que votó en contra porque se saca a los sistemas comunitarios de la competencia y gestión del agua en el primer artículo de la ley.
103
Votos afirmativos recibió el proyecto de legislación.
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