La
contratación de seguros o de servicios legales sería la alternativa de
gremios de médicos y profesionales de la salud para enfrentar eventuales
demandas penales y civiles, una vez que este 10 de agosto rija el
Código Orgánico Integral Penal.
La preocupación es la vigencia del artículo 146, referido al homicidio culposo por mala práctica profesional, pues a pesar de haber sido objeto de una resolución interpretativa que limitaba su aplicación, según los médicos, “abrió una puerta para demandas”.
La resolución de la Corte Nacional de Justicia, aprobada en abril pasado, determina que el delito de homicidio culposo se configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado y además por la concurrencia de las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.
Según el vicepresidente de la Federación Médica del Ecuador, Víctor Álvarez, hay preocupación no solo por el tema penal, sino por el civil, debido a que en los últimos meses varios de sus afiliados fueron demandados por daño moral, en uno de cuyos casos se pide una indemnización de $ 400 mil.
Ello los obligó, dice, a mantener acercamientos con los abogados de Pichincha, en busca de asesoramiento, y con varias empresas de seguros.
Quieren crear una empresa a nivel de la Federación Médica para que sus afiliados, “por un costo módico, tengan acceso a una defensa jurídica y a pólizas de seguros de asistencia médica con beneficios atractivos y con una prenda”, comenta.
Álvarez no detalla costos, pues la información es confidencial en la fase de negociaciones con empresas de seguros. “Hay empresas nacionales e internacionales, dispuestas a trabajar a nivel nacional”.
Tras las consultas, sostiene que ubicaron empresas y organizaciones de abogados en el país que dan cobertura judicial desde $ 30, $ 40 y $ 70.
Entre estas Projusticia Médica, conformada como un servicio prepago para asistencia o patrocinio legal en casos de denuncias penales, civiles y trámites administrativos, explicaron sus socios, el exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fernando Yávar, y el abogado Luis Sarrade.
Según Yávar, Projusticia Médica no es un seguro sino un servicio jurídico prepago, cuyo costo alcanza, para los casos penales, a los $ 25 para médicos y $ 15 para el resto de los profesionales de la salud. Costará $ 5 adicionales incluir los casos penales y un monto igual para los administrativos. Con estos rubros podrán incluirse llamadas de emergencias para asesoramiento legal.
Por el momento, indica Yávar, el tema está en la fase de promoción y solo está dirigido a los profesionales de la salud. No obstante, Sarrade señala que el servicio en Quito, que está a su cargo, arrancará el próximo 1 de agosto.
La preocupación es la vigencia del artículo 146, referido al homicidio culposo por mala práctica profesional, pues a pesar de haber sido objeto de una resolución interpretativa que limitaba su aplicación, según los médicos, “abrió una puerta para demandas”.
La resolución de la Corte Nacional de Justicia, aprobada en abril pasado, determina que el delito de homicidio culposo se configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado y además por la concurrencia de las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.
Según el vicepresidente de la Federación Médica del Ecuador, Víctor Álvarez, hay preocupación no solo por el tema penal, sino por el civil, debido a que en los últimos meses varios de sus afiliados fueron demandados por daño moral, en uno de cuyos casos se pide una indemnización de $ 400 mil.
Ello los obligó, dice, a mantener acercamientos con los abogados de Pichincha, en busca de asesoramiento, y con varias empresas de seguros.
Quieren crear una empresa a nivel de la Federación Médica para que sus afiliados, “por un costo módico, tengan acceso a una defensa jurídica y a pólizas de seguros de asistencia médica con beneficios atractivos y con una prenda”, comenta.
Álvarez no detalla costos, pues la información es confidencial en la fase de negociaciones con empresas de seguros. “Hay empresas nacionales e internacionales, dispuestas a trabajar a nivel nacional”.
Tras las consultas, sostiene que ubicaron empresas y organizaciones de abogados en el país que dan cobertura judicial desde $ 30, $ 40 y $ 70.
Entre estas Projusticia Médica, conformada como un servicio prepago para asistencia o patrocinio legal en casos de denuncias penales, civiles y trámites administrativos, explicaron sus socios, el exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fernando Yávar, y el abogado Luis Sarrade.
Según Yávar, Projusticia Médica no es un seguro sino un servicio jurídico prepago, cuyo costo alcanza, para los casos penales, a los $ 25 para médicos y $ 15 para el resto de los profesionales de la salud. Costará $ 5 adicionales incluir los casos penales y un monto igual para los administrativos. Con estos rubros podrán incluirse llamadas de emergencias para asesoramiento legal.
Por el momento, indica Yávar, el tema está en la fase de promoción y solo está dirigido a los profesionales de la salud. No obstante, Sarrade señala que el servicio en Quito, que está a su cargo, arrancará el próximo 1 de agosto.
Hay empresas, brokers y empresas de seguros que están dispuestas a trabajar a nivel nacional. Queremos es que exista una cobertura adecuada con una prima baja”.
Víctor Álvarez, Federación Médica
Existe el riesgo de un empoderamiento de los pacientes y sus familiares... Por toda muerte habrá una denuncia en la Fiscalía por la publicidad que se dio al Código”.
Fernando Yávar, exvocal de CJ
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