Trabajadores
de la operadora de telefonía móvil Movistar pidieron ayer al Gobierno
reconsiderar su propuesta de disminuir las utilidades de los empleados
de telecomunicaciones del 15 % al 3 % y que el 12 % restante vaya al
Estado.
Juan Carlos Oleas, vocero de los trabajadores, mencionó que han recibido con sorpresa e inquietud la iniciativa del Ejecutivo, que fue remitida a la Legislatura el pasado 14 de julio.
“Creemos que esta ley que se está enviando a la Asamblea es discriminatoria, porque está afectando a más de 6.000 familias que se han visto beneficiadas con el tema de utilidades tanto de Movistar, Claro y aquellas empresas como de limpieza, mensajería, de guardianía”, agregó.
Oleas sostuvo que los afectados serán los empleados y no la empresa.
Silvia Cobos, del área de activaciones, pidió que se revea el planteamiento del Ejecutivo.
A decir de Jibrán Acosta, quien presta sus servicios en la compañía desde hace 4 años se les quiere quitar un derecho adquirido y no un privilegio.
“Las utilidades se generan en base al cumplimiento de los objetivos que se establecen las empresas todos los días”, indicó Acosta.
Para Robinson Folleco, otro de los empleados, si se aprueba la reforma se verán truncados muchos proyectos, entre ellos, educativos.
“Lo único que pedimos es que reconsidere esta nueva reforma y que se abran nuevos campos de diálogo para que no se afecten el Estado ni los trabajadores”, agregó Folleco.
Oleas mencionó que van a formar un ente de trabajadores afectados por la propuesta gubernamental y aspiran a hablar con autoridades del Gobierno y de la Asamblea.
Juan Carlos Oleas, vocero de los trabajadores, mencionó que han recibido con sorpresa e inquietud la iniciativa del Ejecutivo, que fue remitida a la Legislatura el pasado 14 de julio.
“Creemos que esta ley que se está enviando a la Asamblea es discriminatoria, porque está afectando a más de 6.000 familias que se han visto beneficiadas con el tema de utilidades tanto de Movistar, Claro y aquellas empresas como de limpieza, mensajería, de guardianía”, agregó.
Oleas sostuvo que los afectados serán los empleados y no la empresa.
Silvia Cobos, del área de activaciones, pidió que se revea el planteamiento del Ejecutivo.
A decir de Jibrán Acosta, quien presta sus servicios en la compañía desde hace 4 años se les quiere quitar un derecho adquirido y no un privilegio.
“Las utilidades se generan en base al cumplimiento de los objetivos que se establecen las empresas todos los días”, indicó Acosta.
Para Robinson Folleco, otro de los empleados, si se aprueba la reforma se verán truncados muchos proyectos, entre ellos, educativos.
“Lo único que pedimos es que reconsidere esta nueva reforma y que se abran nuevos campos de diálogo para que no se afecten el Estado ni los trabajadores”, agregó Folleco.
Oleas mencionó que van a formar un ente de trabajadores afectados por la propuesta gubernamental y aspiran a hablar con autoridades del Gobierno y de la Asamblea.
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