En el país el Estado subsidia $ 800 millones en la venta de gas de uso
doméstico que las familias adquieren a $ 1,60 por bombona de 15 kilos, pero
esto, según ha anunciado el presidente Rafael Correa, será eliminado de forma
progresiva hasta el 2016. Una medida que el Gobierno dice que aplicará para
incentivar el uso de cocinas eléctricas de inducción en los hogares mediante la
creación de otro subsidio de la energía eléctrica para quienes utilicen este
mecanismo.
Quienes accedan a comprar las cocinas eléctricas de inducción que promociona
el Gobierno, las que desde esta semana están disponibles para ser adquiridas en
las distintas casas comerciales del país, no pagarán desde su inscripción en el
programa los primeros 80 kilovatios hora (kWh) de consumo al mes, lo que
implicaría una reducción de hasta $ 8 en las planillas, según el régimen. El
subsidio va dirigido a los usuarios del sector residencial y estará vigente
hasta el 2016. Desde entonces, pagarán $ 4 por 100 kWh, equivalente al subsidio
del gas que se eliminaría.
El plan se aplica en el marco del cambio de la matriz energética, uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, equivalente al que otrora era el plan nacional de desarrollo. El primer mandatario lo considera como el principal proyecto de sus casi ocho años en el poder. Importante porque implica un cambio de hábito, ha dicho, sin especificar más detalles: “Poco a poco tendremos que ir sacando el subsidio al gas que beneficia a los más ricos que consumen de 6 a 12 bombonas hasta para calentar la piscina”, dijo en el enlace sabatino Nº 366 de marzo pasado en la capital, Quito.
El plan gubernamental contempla el reemplazo de tres millones de cocinas a gas por las de inducción eléctrica. Esto iría de la mano con el aumento de la capacidad de producir hidroelectricidad, que se genera mediante la corriente de los ríos.
Pero este cambio deja dudas en algunas familias de las provincias donde el Gobierno contrató la ejecución de estas centrales hidroeléctricas, ocho en total, que se prevé entren en operaciones de forma paulatina hasta el 2016.
En Azuay, Morona Santiago, Napo, Pichincha y Los Ríos hay dudas sobre el reemplazo del gas, que antaño provocó protestas ante el anuncio de otros gobiernos de eliminar el subsidio. Este cambio es aún más incierto en un 5,23 % de los hogares que no cuentan con servicio de electricidad, según el censo del 2010, como el de Isabel Llulluna, quien espera ya más de veinte años que la luz llegue a la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda de El Chaco, en Napo, donde vive.
Su casa y negocio, un restaurante, está a menos de dos kilómetros de la confluencia de los ríos Quijos y Salado, aguas que río arriba alimentarán a la central Coca-Codo Sinclair, el mayor proyecto hidroeléctrico que este Gobierno contrató en julio del 2010 y que tras al menos dos ampliaciones de plazos, estaría listo a mediados del 2016. Este proyecto al igual que Toachi-Pilatón y Sopladora ya contaban con estudios de factibilidad realizados en anteriores gobiernos.
“El presidente (Correa) nos ha dicho que hasta a los últimos rincones nos van a dar la luz, pero nosotros estamos aquí con un negocio en marcha esperando que nos ayuden”, afirma Llulluna, quien destina $ 80 cada quince días para la compra de combustible y con un generador que compró a $ 800, da electricidad a su hogar.
En el sector de Santa Rita del cantón azuayo de Sevilla de Oro sí hay energía, pero aún así, Nube Tamay rechaza el cambio de su cocineta de gas. Dice que el servicio de energía en la zona es irregular: “A veces se va la luz por las mañanas y acá todos salimos temprano a trabajar en el campo. Si no puedo pagar el gas, cocinaré con leña”, afirma esta campesina, de 30 años, quien vive a un kilómetro del represado río Paute, que lleva el agua al proyecto Sopladora, la que sería la segunda central con mayor capacidad y que se construye también en medio de retrasos. Tras dos aplazamientos, la obra estaría en mayo del 2016.
Las quejas se repiten entre la población: que el costo de las cocinas es elevado (la más económica de dos hornillas cuesta a crédito $ 234 que se podrán pagar con la planilla a tres años plazo a cuotas de $ 6,50), que recién se endeudaron con una que funciona con gas o que las de inducción implicarán pagar más por el servicio eléctrico.
Es el caso de María Luisa Reyes, de 54 años, quien vive en Los Helechos, en Durán (Guayas): “Tengo un aire pequeño, un televisor, la refrigeradora, el microondas que no lo uso porque dizque gasta mucho y otro aire... pago $ 150... He ido cinco veces a reclamar.... vinieron a inspeccionar y me dicen que ese es mi consumo: 800 kilovatios al mes”. En Baba (Los Ríos), donde este Gobierno inauguró una hidroeléctrica cuya construcción se inició en el 2006, también hay quejas. Ángela Figueroa dice que aunque su consumo es el mismo, el costo nunca es fijo. “Pagábamos $ 8 mensuales, hay meses que salen $ 36 y uno reclama y no aceptan”, afirma.
Hasta el 2011, la tarifa promedio era de $ 0,08 el kWh. Desde entonces el Gobierno estableció a través del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) tres grupos de abonados con tarifas diferenciadas: quienes consuman menos de 130 kWh pagan la llamada tarifa de la dignidad ($ 0,04 el kWh), quienes consumen entre 131 y 500 kWh al mes, pagan $ 0,08 kWh, al igual que quienes superen los 500 kWh, a quienes se les reducirá gradualmente el subsidio mientras más consuman. En junio pasado, el Conelec anunció un aumento de $ 0,01 para quienes consuman más de 130 kWh y $ 0,02 para los que están en el sector comercial.
Analistas consultados por EL UNIVERSO temen que el historial de posponer los plazos ante el retraso de los ocho proyectos hidroeléctricos en ejecución podría imposibilitar el cobro de estas tarifas.
La hoja de ruta del régimen implica la reducción paulatina de la energía térmica, que es generada con combustible y que representó en el 2013 un 41,23 % de la producción de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Esto se compensaría con el aumento de la hidroenergía, que generó el año pasado el 58,44 %. La meta es que esta última provea el 93,53 % para el 2016.
Augusto Tandazo, experto del área energética, considera que las ocho hidroeléctricas que se construyen a un costo que supera los $ 5.000 millones impactarán poco en el cambio de la matriz energética que tiene desde hace décadas al petróleo como su principal fuente de consumo en el país.
La situación se ha mantenido durante el actual Gobierno. Al 2012, últimas cifras disponibles, el petróleo y sus derivados representaron casi el 82 % de la energía que se consume en el país. Le sigue la hidroenergía con el 8 % y el gas natural con el 5 %. Lo restante corresponde a los biocombustibles y a la leña, según cifras del Balance Energético Nacional 2013 presentado en febrero por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.
René Ortiz, exministro de Energía, califica como falsa la meta de llegar al 2016 con un 93 % de hidroelectricidad porque sería asumir que la economía no crecerá: “No sé qué porcentaje de energía térmica será reemplazado por la energía hídrica. Ellos han dicho que 93 %, yo digo que tal vez se llegue al 80 %. Lo que más dudas me genera es que nos entreguen una energía a precios bajos”, dice.
Según Ortiz, el problema responde al financiamiento de estos proyectos: “Toachi-Pilatón es con financiamiento ruso, Coca-Codo (y Sopladora) con financiamiento chino y así (...). Todo esto es deuda que la debemos de pagar y en algún momento se va a tener que sincerar la economía y se va a tener que pagar el valor real del kilovatio hora generado por cada empresa”, dice.
El plan se aplica en el marco del cambio de la matriz energética, uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, equivalente al que otrora era el plan nacional de desarrollo. El primer mandatario lo considera como el principal proyecto de sus casi ocho años en el poder. Importante porque implica un cambio de hábito, ha dicho, sin especificar más detalles: “Poco a poco tendremos que ir sacando el subsidio al gas que beneficia a los más ricos que consumen de 6 a 12 bombonas hasta para calentar la piscina”, dijo en el enlace sabatino Nº 366 de marzo pasado en la capital, Quito.
El plan gubernamental contempla el reemplazo de tres millones de cocinas a gas por las de inducción eléctrica. Esto iría de la mano con el aumento de la capacidad de producir hidroelectricidad, que se genera mediante la corriente de los ríos.
Pero este cambio deja dudas en algunas familias de las provincias donde el Gobierno contrató la ejecución de estas centrales hidroeléctricas, ocho en total, que se prevé entren en operaciones de forma paulatina hasta el 2016.
En Azuay, Morona Santiago, Napo, Pichincha y Los Ríos hay dudas sobre el reemplazo del gas, que antaño provocó protestas ante el anuncio de otros gobiernos de eliminar el subsidio. Este cambio es aún más incierto en un 5,23 % de los hogares que no cuentan con servicio de electricidad, según el censo del 2010, como el de Isabel Llulluna, quien espera ya más de veinte años que la luz llegue a la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda de El Chaco, en Napo, donde vive.
Su casa y negocio, un restaurante, está a menos de dos kilómetros de la confluencia de los ríos Quijos y Salado, aguas que río arriba alimentarán a la central Coca-Codo Sinclair, el mayor proyecto hidroeléctrico que este Gobierno contrató en julio del 2010 y que tras al menos dos ampliaciones de plazos, estaría listo a mediados del 2016. Este proyecto al igual que Toachi-Pilatón y Sopladora ya contaban con estudios de factibilidad realizados en anteriores gobiernos.
“El presidente (Correa) nos ha dicho que hasta a los últimos rincones nos van a dar la luz, pero nosotros estamos aquí con un negocio en marcha esperando que nos ayuden”, afirma Llulluna, quien destina $ 80 cada quince días para la compra de combustible y con un generador que compró a $ 800, da electricidad a su hogar.
En el sector de Santa Rita del cantón azuayo de Sevilla de Oro sí hay energía, pero aún así, Nube Tamay rechaza el cambio de su cocineta de gas. Dice que el servicio de energía en la zona es irregular: “A veces se va la luz por las mañanas y acá todos salimos temprano a trabajar en el campo. Si no puedo pagar el gas, cocinaré con leña”, afirma esta campesina, de 30 años, quien vive a un kilómetro del represado río Paute, que lleva el agua al proyecto Sopladora, la que sería la segunda central con mayor capacidad y que se construye también en medio de retrasos. Tras dos aplazamientos, la obra estaría en mayo del 2016.
Las quejas se repiten entre la población: que el costo de las cocinas es elevado (la más económica de dos hornillas cuesta a crédito $ 234 que se podrán pagar con la planilla a tres años plazo a cuotas de $ 6,50), que recién se endeudaron con una que funciona con gas o que las de inducción implicarán pagar más por el servicio eléctrico.
Es el caso de María Luisa Reyes, de 54 años, quien vive en Los Helechos, en Durán (Guayas): “Tengo un aire pequeño, un televisor, la refrigeradora, el microondas que no lo uso porque dizque gasta mucho y otro aire... pago $ 150... He ido cinco veces a reclamar.... vinieron a inspeccionar y me dicen que ese es mi consumo: 800 kilovatios al mes”. En Baba (Los Ríos), donde este Gobierno inauguró una hidroeléctrica cuya construcción se inició en el 2006, también hay quejas. Ángela Figueroa dice que aunque su consumo es el mismo, el costo nunca es fijo. “Pagábamos $ 8 mensuales, hay meses que salen $ 36 y uno reclama y no aceptan”, afirma.
Hasta el 2011, la tarifa promedio era de $ 0,08 el kWh. Desde entonces el Gobierno estableció a través del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) tres grupos de abonados con tarifas diferenciadas: quienes consuman menos de 130 kWh pagan la llamada tarifa de la dignidad ($ 0,04 el kWh), quienes consumen entre 131 y 500 kWh al mes, pagan $ 0,08 kWh, al igual que quienes superen los 500 kWh, a quienes se les reducirá gradualmente el subsidio mientras más consuman. En junio pasado, el Conelec anunció un aumento de $ 0,01 para quienes consuman más de 130 kWh y $ 0,02 para los que están en el sector comercial.
Analistas consultados por EL UNIVERSO temen que el historial de posponer los plazos ante el retraso de los ocho proyectos hidroeléctricos en ejecución podría imposibilitar el cobro de estas tarifas.
La hoja de ruta del régimen implica la reducción paulatina de la energía térmica, que es generada con combustible y que representó en el 2013 un 41,23 % de la producción de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Esto se compensaría con el aumento de la hidroenergía, que generó el año pasado el 58,44 %. La meta es que esta última provea el 93,53 % para el 2016.
Augusto Tandazo, experto del área energética, considera que las ocho hidroeléctricas que se construyen a un costo que supera los $ 5.000 millones impactarán poco en el cambio de la matriz energética que tiene desde hace décadas al petróleo como su principal fuente de consumo en el país.
La situación se ha mantenido durante el actual Gobierno. Al 2012, últimas cifras disponibles, el petróleo y sus derivados representaron casi el 82 % de la energía que se consume en el país. Le sigue la hidroenergía con el 8 % y el gas natural con el 5 %. Lo restante corresponde a los biocombustibles y a la leña, según cifras del Balance Energético Nacional 2013 presentado en febrero por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.
René Ortiz, exministro de Energía, califica como falsa la meta de llegar al 2016 con un 93 % de hidroelectricidad porque sería asumir que la economía no crecerá: “No sé qué porcentaje de energía térmica será reemplazado por la energía hídrica. Ellos han dicho que 93 %, yo digo que tal vez se llegue al 80 %. Lo que más dudas me genera es que nos entreguen una energía a precios bajos”, dice.
Según Ortiz, el problema responde al financiamiento de estos proyectos: “Toachi-Pilatón es con financiamiento ruso, Coca-Codo (y Sopladora) con financiamiento chino y así (...). Todo esto es deuda que la debemos de pagar y en algún momento se va a tener que sincerar la economía y se va a tener que pagar el valor real del kilovatio hora generado por cada empresa”, dice.
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