DESTITUYEN E INHABILITAN POR 15 AÑOS AL ALCALDE BOGOTÁ GUSTAVO PETRO

La amenaza de una sanción pendía sobre la cabeza del alcalde de Bogotá desde hacía casi un año, pero pocos creían que la misma pudiera llegar a tanto.

Este lunes, sin embargo, el edil capitalino Gustavo Petro fue destituido de su cargo e inhabilitado de poder aspirar a cargos públicos por un período de 15 años.
La sanción, ordenada por el Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez, está vinculada a supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana ordenada por el Petro en diciembre del año pasado.
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Pero la misma no está exenta de polémica, pues muchos en Colombia consideran que el castigo es desproporcionado y una prueba más del excesivo poder del procurador, quien tiene entre sus responsabilidades la sanción de los funcionarios electos que pudieran incurrir en alguna falta.
En el caso de Petro, la Procuraduría determinó que el alcalde había fallado al implementar un "innecesario" nuevo modelo de recolección de basura "por fuera de la ley" y "de manera improvisada".

Impacto de la decisión

"El Gobierno Nacional, como ha sido su costumbre y obligación frente a cualquier decisión de los organismos de control, respeta la decisión de la Procuraduría General de la Nación, así como los recursos que a bien tenga interponer y a los que tiene derecho el señor Alcalde", indicó el comunicado de la Presidencia de Colombia.
Sin embargo, Petro dijo que se trata de una persecución de Estado y se desconoce hasta qué punto esta destitución afecte el ambiente de distención que existe en los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno. Sobre todo partiendo del hecho de que Gustavo Petro, como exguerrillero, es la expresión más clara del éxito que puede producir un proceso de desmovilización.
Además no se tiene claro el impacto que puede tener esto entre los seguidores del exalcalde y el alcance del malestar que ya está generando en las calles de Bogotá su destitución.
"El Gobierno lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar en la ciudadanía y seguirá comprometido con el bienestar y tranquilidad de los habitantes de Bogotá. Así mismo, hace un llamado a las autoridades y a todos los ciudadanos a conservar la serenidad", concluyó la comunicación de la Casa de Nariño.

"Él (Petro) sabía que sus decisiones eran irregulares", declaró el procurador Ordoñez al anunciar la destitución del alcalde.
"Estamos ante un golpe de Estado sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá", fue por su parte la reacción del ahora exalcalde.
"Pido a toda la ciudadanía democrática movilizarse en Bogotá y en el país. Vamos por la Paz y por la Democracia", agregó Petro, una de las principales figuras de la izquierda colombiana.

La basura de la discordia

Los problemas de Petro, quien en su juventud perteneció al movimiento guerrillero M-19, empezaron a finales del año pasado, cuando decidió devolverle la responsabilidad de la recolección de basura al sector público en detrimento de los operadores privados.
La transición fue, por decir lo menos, accidentada, e hizo que durante varios días los desperdicios se acumularan en las calles bogotanas.
Para los críticos del alcalde, fue un ejemplo más de la arrogancia e improvisación que según ellos ha caracterizado a su gestión al frente de una ciudad de casi ocho millones de habitantes.
Para sus simpatizantes, el resultado de un sabotaje que evidenciaba la colusión de grandes intereses amenazados por la agenda reformista del exguerrillero.
La Procuraduría, por su parte, luego de una prolongada investigación determinó que en el proceso el alcalde había cometido varias faltas graves.

En esta foto de julio de 2013, se observa al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, junto a Petro, en un evento en Bogotá.

Una fue darle la responsabilidad del nuevo esquema a entidades sin la experiencia necesaria. Otra, limitar la implementación del servicio a entidades del Distrito, violando así el principio de la libre competencia.
Y el alcalde también habría fallado al autorizar la utilización temporal de camiones para recoger los residuos en la ciudad, violando así "disposiciones constitucionales y legales referentes a la protección del medio ambiente, con lo cual se originó un riesgo grave para la salud y el medio ambiente".
Muchos, sin embargo, consideran que esto no debería ser suficiente para destituir al segundo funcionario electo más importante de Colombia, después del presidente de la República.
Y la decisión de inhabilitar a Petro para cualquier cargo público por un período de 15 años también ha sido criticada como excesiva, especialmente cuando se la compara con el castigo ordenado por la misma Procuraduría en contra del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, separado del cargo en mayo de 2011 en medio de acusaciones de corrupción.

¿Disputa política?

Efectivamente, con la destitución de Petro, esta es la segunda vez que la Procuraduría deja a Bogotá sin alcalde en poco más de dos años.
Pero a pesar de que Moreno está siendo procesado judicialmente por irregularidades cometidas durante su mandato, el Procurador nunca ordenó inhabilitarlo.

"Las razones para destituir a Petro son políticas. Ordóñez está sacando del juego a sus posibles competidores para el 2018"

María Jimena Duzán, columnista

Y por eso, en el castigo a Petro, muchos ven motivaciones políticas, más que disciplinarias.
"Las razones para destituir a Petro son políticas. Ordóñez está sacando del juego a sus posibles competidores para el 2018", trinó por ejemplo María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana.
Mientras que otros van incluso más allá y creen se trata de un mensaje a las FARC y el proceso de paz: un adelanto de las muchas dificultades que esperan a cualquier exguerrillero o político de izquierda que aspire a ejercer un cargo.
En cualquier caso, a Ordoñez, un reconocido conservador, nunca le ha temblado la mano a la hora de castigar funcionarios.
Según la revista Semana, durante su primer período al frente de la Procuraduría (2009-2012), el que muchos consideran el funcionario más poderoso de Colombia sancionó a 49 gobernadores, 828 alcaldes y 622 concejales.
Y el Procurador fue también quien ordenó la destitución en 2010 de la senadora Piedad Córdoba y su inhabilitación por 18 años, por supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC.
La sostenibilidad y las consecuencias de su decisión de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá, sin embargo, aún están por verse.
Los partidarios del alcalde están concentrándose en la Plaza de Bolívar y todo parece indicar que el edil está dispuesto a dar la batalla.