El texto -aprobado en julio por la Cámara de Diputados- tiene su sanción asegurada por el apoyo de la gobernante coalición izquierdista Frente Amplio, que controla ambas cámaras. La iniciativa fue presentada hace un año y medio por el Gobierno uruguayo junto a una serie de medidas para frenar el incremento de la inseguridad pública y desactivar la violencia asociada al narcotráfico.
"Este es un experimento", admitió Mujica en agosto, en entrevista con la AFP. "Podemos hacer un verdadero aporte a la humanidad. Ser un banco de prueba en desatar un conjunto de disciplinas que sirvan para enfrentar el problema y sumen herramientas a la lucha contra la drogadicción", dijo.
El proyecto otorga al Gobierno el control y reglamentación de la importación, cultivo, cosecha, distribución y comercialización del cannabis y sus derivados.
Tras registrarse, los residentes mayores de 18 años podrán cultivar hasta seis plantas, acceder a la droga en clubes de usuarios o comprar hasta 40 gramos por mes en las farmacias.
La experiencia se suma a la reciente legalización del aborto y el matrimonio gay y mantiene a Uruguay en una posición de liderazgo en el reconocimiento de derechos.
La ley sobre la marihuana despierta resistencia entre los 3,3 millones de uruguayos. Una encuesta hecha en septiembre señaló que el 61% la desaprueba.
Despierta interrogantes
La legalización del cannabis causó asombro en los vecinos Brasil y Argentina, y despertó interrogantes sobre su real efecto si se aplica en países ensangrentados por el narcotráfico como Colombia o México. Uruguay enmarca la iniciativa en la postura de la Comisión Global de Política de Drogas -integrada por los expresidentes de Colombia, César Gaviria, y de México, Ernesto Zedillo, entre otros- que sostiene que la guerra contra las drogas ha fracasado.
El presidente Mujica, un exguerrillero de 78 años, calcula que el país gasta unos 80 millones de dólares anuales en combatir el narcotráfico y en mantener a los presos por delitos vinculados a la droga.
Actualmente, consumir drogas no está penado pero sí comercializarlas. El consumo de marihuana es el más extendido entre las drogas ilegales y se ha duplicado en los últimos 10 años. Según las autoridades hay unos 128 000 fumadores de cannabis, aunque las asociaciones de consumidores calculan que rondan los 200 000.
Mejor precio y calidad
El Gobierno planea atraer a los consumidores con un cannabis más barato y de mejor calidad que el que se consigue hoy en el mercado ilegal. "Vamos a ir teniendo en cuenta los precios en el mercado negro, hasta que comencemos a desestructurar el funcionamiento de ese mercado", dice a la AFP Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas.
Pero el proyecto divide a los médicos uruguayos, enfrentando a quienes afirman que abatirá el consumo de drogas más peligrosas y quienes sostienen que banaliza los efectos nocivos del cannabis.
Los legisladores de la oposición, en tanto, advierten que se corre el riesgo de incrementar el consumo.
Tampoco los consumidores son unánimes. Algunos no ven con buenos ojos el registrarse para acceder a la droga.
Julio Calzada admite que el mayor riesgo es que la regulación "puede disparar el consumo si no realizamos bien los controles".
Los especialistas también tienen opiniones dispares
"Uruguay puede impulsar el discurso internacional, científico y político, sobre cómo desarrollar un control de drogas más razonable y más afectivo", indica a la AFP Hanz-Joerg Albrecht, director del instituto Max Planck para el derecho penal. Él cree que los mayores riesgos son de incremento del consumo y de que haya problemas de salud en la población, pero advirtió que es difícil determinar la causa-efecto en este tipo de casos.
En cambio, Arjan Roskam, dueño de la holandesa Green House, el mayor banco de semillas de marihuana del mundo, advierte que si la regulación se realiza "de una forma muy socialista no funcionará". Roskam, uno de los expertos consultados por el Gobierno uruguayo, comenta a la AFP que si todo depende del Estado y no se permite la venta a turistas "seguirá habiendo intercambio en la calle, por lo que no se soluciona el problema" del mercado negro.
¿Qué semillas se plantarán?
La prohibición de plantar cannabis no ha impedido que miles de uruguayos ya cultiven marihuana en sus hogares, encargando semillas por Internet y creando sus propias variedades.
Una vez legalizado el cannabis el Gobierno busca que haya entre cuatro y seis tipos de marihuana en el país, algo difícil de controlar.
Todavía se está estudiando qué semillas se cultivarán, señala Calzada. El proyecto que será votado hoy prevé tres formas de acceder al cannabis, todos con limitaciones y tras registrarse: el autocultivo, el cultivo en clubes de membrecía y el acceso a través de farmacias.
Controlar a miles de autocultivadores despierta el escepticismo de quienes plantan, compran las semillas en el exterior a través de Internet o crean sus propias variedades y las intercambian con otros cultivadores. "Para uso doméstico no puede haber control de las variedades que va a plantar el uruguayo promedio", opina Juan Andrés Palese, un joven que instaló hace un año junto a dos socios un "grow shop" en Montevideo.
Salvo semillas, su negocio ofrece todo lo necesario para cultivar cannabis, desde el sustrato ideal hasta fertilizantes, aditivos, lámparas o armarios para cultivo interior.
"¿Van a controlar las casas de 10 000 personas para que de verdad tengan las plantas que les permiten?", se pregunta. La tienda de Palese -que ofrece solo productos legales y ya es representante en el país de dos marcas vinculadas al cultivo de cannabis- fue la primera de este tipo en Uruguay pero al menos otras dos siguieron sus pasos en los últimos meses.
El debate sobre las semillas se avivó en los últimos meses cuando medios locales dijeron que detrás del proyecto de legalización de la marihuana estaba la multinacional Monsanto, con una semilla transgénica de cannabis que quería probar en Uruguay. Pero Calzada dice que está hipótesis es falsa.
Lo que dice el proyecto
- El fin de la ley es "proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis", que promueva la educación y prevención, además del tratamiento y rehabilitación de los usuarios problemáticos de drogas.
- La iniciativa diferencia entre el uso de cannabis para investigación científica, fines medicinales, distintos procesos industriales y el consumo recreativo.
- Prevé la creación de un Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca), que funcionará en la órbita del Ministerio de Salud Pública y que controlará las plantaciones, el cultivo, la cosecha, producción, acopio y expendio del cannabis.
- Permite el autocultivo personal (con un límite de seis plantas o una producción máxima de 480 gramos) y el cultivo en clubes de membrecía (con 15 a 45 socios y un número de plantas proporcional, con un máximo de 99).
- El texto prevé otorgar licencias de expendio de cannabis psicoactivo a las farmacias. Quienes compren allí deberán inscribirse en un registro de usuarios y podrán comprar un máximo de 40 gramos mensuales.
- Quien produzca cannabis sin autorización legal será castigado con pena de 20 meses de prisión a 10 años de penitenciaría. La norma prohíbe la publicidad de la sustancia psicoactiva.
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