“Si le dejas la regulación a la regulación de la oferta y la demanda, que también es otra forma de la regulación del mercado lo que va a ocurrir es que se sigan burlando de las personas, estigmatizando, construyendo estereotipos negativos en contra de grupos sociales enteros. Estos temas hacen que la comunicación tenga que ser un servicio público para que sea regulado no por las leyes del mercado sino (bajo la visión de) los derechos humanos”, explicó la consejera durante una entrevista en radio Pública.
El consejo, que es la primera institución surgida tras la aprobación de la ley de Comunicación (LOC) el 19 de junio de 2013, planteó la semana pasada una enmienda para que se considere a la comunicación como un servicio público lo que ya ha generado críticas por parte de uno de los gremios que dice representar a los comunicadores.
El miércoles, el presidente de la República, Rafael Correa, pidió a su bloque de legisladores que incluyan en el debate de enmiendas constitucionales la posibilidad de que se declare a la comunicación como servicio público.
En el artículo 71 de la Ley la información es considerada como un derecho constitucional y un bien público y señala que la comunicación es un servicio público que se realiza a través de los medios es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad.
Hernán Reyes, quien también forma parte del Cordicom, explicó a Andes que el espíritu de la propuesta aumenta el grado de responsabilidad del estado para que este pueda ser garante de la comunicación e información que constan en la Constitución vigente como derechos fundamentales (artículo 16).
Actualmente, el Cordicom trabaja en los fundamentos jurídicos de la propuesta de enmienda para definir qué instancia es la que planteará la iniciativa.
Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), dijo en radio Democracia que el derecho a la comunicación no puede ser reformado a través de una enmienda constitucional –como lo plantea el Ejecutivo y el Cordicom- sino por una Asamblea Constituyente.
A Reyes, un académico de larga trayectoria en el área de la comunicación, sostuvo que las críticas a la propuesta busca desviar la atención del verdadero tema de deliberación pública que es cómo mejorar el alcance en el respeto y ejercicio ciudadanos de información.
“La Constitución es garantista de derechos y si la comunicación y la información son un bien invaluable no se puede dejar de pensar que le compete al estado garantizar el ejercicio de esos derechos”, manifestó Patricio Barriga, presidente del Cordicom quien también tuvo una extensa carrera como periodista y presentador de noticias.
En tanto, Reyes planteó que se abra el debate y que se den razonamientos jurídicos y que finalmente será la Asamblea Nacional la que dirima cuál es el estado final de la propuesta.
Sobre las críticas a la ley de Comunicación, Barriga sostuvo que el hecho mismo de que se haya puesto a debate la calidad periodista significa ya un gran avance.
Y recordó que cuando ejerció como reportero sus jefes le exigían hasta diez notas al día. “Dígame con qué nivel de profundidad podría abordar porque lo que importaba era la cantidad no la calidad”.
El Cordicom registró recientemente 1.190 medios, de los cuales el 91% es privado, 5% público y el 4% comunitario.
Hasta 2007 la relación era prácticamente de 9 a 1 de propiedad de medios privados, públicos que estaban en manos de universidades o de municipios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario