Estas constituyen recursos predestinados por Ley que no entran en el Presupuesto del Estado sino que pasan directamente a los beneficiarios, sean estos gobiernos seccionales, entidades públicas, ministerios, hospitales, etc. Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País y quien es parte de la Comisión de Régimen de lo Económico de la Asamblea, dijo que la decisión se basa en que la Constitución del 2008 prohibió las preasignaciones, con excepción de aquellas destinadas a gobiernos seccionales, salud, educación, educación superior, investigación, ciencia, tecnología e innovación. El analista Jaime Carrera dice que antes del 2008 el principal problema de las finanzas públicas era que la mayoría de impuestos estaba preasignada.
Con ello, pocos recursos quedaban para el Fisco. “En el Congreso era común sacar leyes para preasignar recursos para obras e incluso para el funcionamiento de entidades públicas, lo que dificulta el manejo presupuestario”. Carrera explica que esto no tendrá efecto en una reducción de gasto del Fisco, pues por lo general se establecen compensaciones vía Presupuesto.
El proyecto de Código plantea eliminar las preasignaciones que aún persisten en diversas leyes. Entre ellas, aquellas para financiar temas forestales, la adquisición de muebles del Hospital Universitario de Guayaquil, obras viales, entre otros. Pero uno de los temas que más ha generado preocupación es la derogación de la Ley de Maternidad Gratuita. Esta norma crea, entre otros, una preasignación anual de USD 15,1 millones para este tema.
Virginia Gómez de la Torre, del Frente Nacional de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer, señaló que con ello se pierde una política pública específica a favor de grupos vulnerables como son las mujeres y los niños. Este colectivo, junto a otras 24 organizaciones y grupos sociales, presentaron el pasado 8 de julio una carta pública al Ministerio de Salud y a la Asamblea donde manifestaron su preocupación sobre el tema. Gómez señaló que la eliminación de la Ley de Maternidad Gratuita es un retroceso en materia de derechos, pues además de los fondos la Ley ampara una serie de mecanismos de protección para las mujeres.
“Son prestaciones específicas que no se pueden subsumir en el Presupuesto General del Estado”, dice. Añade que estos temas pueden ser recogidos en el Código de Salud que elabora el Régimen. No obstante, mientras esto se aprueba, Gómez cree que quedan en el limbo los temas de prevención y control que fija la Ley y sus reglamentos.
Para Mauricio Espinel, vocero del Foro de Salud Pública, la Ley de Maternidad Gratuita ha contribuido a dar mejor atención a las madres, en especial a aquellas de bajos recursos. Oswaldo Larriva, presidente de la Comisión de Régimen Económico, explicó que en el informe para primer debate se sugirió no derogar la Ley sino solo el artículo referido a la preasignación.
Además, señaló que la entrega de estos recursos no se elimina sino que el Ministerio de Finanzas deberá, vía Presupuesto, cubrir estos fondos de acuerdo a lo que han recibido a años anteriores. El martes de la próxima semana, dijo, la Comisión recibirá a los sectores que han manifestado su preocupación sobre el tema e indicó que funcionarios de Finanzas estarán para aclarar las dudas.
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