Ecuador presentó el 7 de julio ante una corte del Distrito Norte de
California, un escrito por el cual argumenta la legitimidad de su pedido
de obtener documentos supuestamente privilegiados de una compañía de
investigadores privados denominada Mason Investigative Group, quienes
están vinculados con Chevron Corporation y que serán utilizados por el
país andino como evidencia en el arbitraje internacional iniciado por la
transnacional en contra del Estado.
Esta argumentación, fue efectuada a raíz de que el juez Nathaniel
Coussin, solicitó a las partes involucradas exponer sobre si la
sentencia emitida por el Juez Lewis Kaplan, dentro de la acción judicial
conocida como “RICO” puede ser considerada como relevante para atender
la entrega de información solicitada por el Ecuador, informó la
Procuraduría.
La acción RICO fue iniciada por Chevron contra los abogados
patrocinadores de los demandantes del juicio que por daño ambiental
presentaron moradores de Lago Agrio contra la multinacional.
El proceso seguido para obtener información de Mason Investigative
Group es uno de varios litigios iniciados por el Ecuador, conocidos como
acciones 1782, contra compañías contratadas o relacionadas con Chevron
con el fin de obtener evidencia contra la multinacional. En este caso el
acceso a la información ya fue concedido a Ecuador en el año 2011,
restando la entrega de información adicional requerida por el Estado
ecuatoriano.
Según la Procuraduría, las acciones 1782 han permitido al Ecuador
obtener información valiosa con la que ha demostrado, por ejemplo, cómo
los expertos ambientales contratados por -Chevron- en el juicio por daño
ambiental tramitado en la nación sudamericana, tomaron acciones para
ocultar la contaminación existente.
El Procurador General del Estado, Diego García, rechazó las
alegaciones de mala fe y fraude que Chevron hiciera dentro de esta
acción y criticó la posición tomada por el magistrado Coussin, ya que
significa un retraso en la obtención de documentación valiosa para la
defensa ecuatoriana que nada tiene que ver con la controvertida decisión
del Juez Kaplan.
Esta -sentencia- jamás debió ser considerada como relevante en la
acción 1782 seguida contra Mason Group, en primer lugar porque no se
trata de una sentencia definitiva, en segundo porque Ecuador no es una
parte procesal en el proceso ante Kaplan y finalmente, porque el Juez
Coussin no tiene jurisdicción para tal reconsideración, indica el
comunicado de la Procuraduría.
El Procurador General dijo estar optimista con la presentación hecha
por el Estado, pues en él se manifiesta claramente que el derecho del
Ecuador a obtener información es legítimo, como así ha sido reconocido
en otras ocasiones por otras cortes de EEUU.
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