El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, indicó en conferencia de prensa, acompañado por el gobernador de la entidad, Salvador Jara, que la acción sobre la supuesta casa hogar, denominada “La gran familia”, comenzó luego de que padres denunciaron que se negaban a devolverles a sus hijos.
El funcionario federal precisó que en dicho operativo participaron autoridades federales y estatales y que las investigaciones continúan para determinar la situación jurídica de nueve personas detenidas en ese lugar.
Por su parte, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de investigación Criminal, indicó que se tenía conocimiento de más de 50 denuncias, principalmente contra de la encargada del lugar, Rosa del Carmen Verduzco.
En ese sitio se daba albergue a más de 600 personas, desde recién nacidos hasta adultos de 40 años de edad, quienes eran obligadas a pedir dinero y sufrían de abuso sexual; además se encontraban en situación de desnutrición y vivían en condiciones deplorables, refirió.
El funcionario precisó que una de las denunciantes señaló que durante 18 años la mantuvieron privada de su libertad, al igual que a dos de sus hijos, a quienes para liberarlos les solicitaron la cantidad de 10 mil pesos.
Zerón de Lucio indicó que entre las 500 personas que estaban en el lugar hay adolescentes, adultos, infantes y bebés, a quienes ya se les brinda atención por parte del DIF nacional y estatal; en tanto personal de la Secretaría de Gobernación les brinda atención psicológica.
En su oportunidad el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia, precisó que en dicho albergue se encontraban 278 hombres, 174 mujeres, 138 menores, así como seis bebés.
Los detenidos, entre ellos Rosa del Carmen Verduzco, rinden declaración ante el agente del Ministerio Público, quién inició la averiguación previa correspondiente por tráfico de menores, personas y órganos, agregó. También rinden declaración 10 padres de familia para conocer detalles de la manera en que eran privadas de su libertad las víctimas.
En tanto, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, agradeció la intervención de la PGR para realizar el operativo que permitió la liberación de más de 500 personas, a las cuales ya se les brinda atención especializada.
Refirió que al tomar posesión de su nuevo cargo tuvo conocimiento de la existencia de cinco denuncias presentadas desde hace un año, sobre las irregularidades con que funcionaba dicho albergue denominado “La gran familia”.
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