La autonomía que la Constitución consagra para los gobiernos seccionales
vuelve al debate con el proyecto de enmienda que impulsa el régimen.
Especialistas en la materia coinciden en que la posible reforma a dos artículos de la Carta Magna mermaría el principio reconocido en el artículo 238.
La propuesta se suma a otra de índole legislativa, que desde hace dos meses genera preocupación por la regulación que se buscaría aplicar a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), según sus detractores.
El oficialismo plantea cambiar 17 artículos de la Constitución, entre ellos el 104, sobre las consultas populares, y el 264, sobre las competencias exclusivas de los GAD municipales.
La enmienda al 104 alcanza a dos de sus siete incisos, y uno de ellos agrega a la redacción vigente que los temas de consulta popular no solo sean “de interés para su jurisdicción”, como reza en la actualidad, sino de “su competencia”.
Para el presidente del Centro de Observación Ciudadana, Xavier Buendía, esto limitaría la capacidad de los GAD a escoger la “inquietud ciudadana” que crean conveniente proponer a través de una consulta.
Y recuerda que ya se les prohíbe solicitar procesos sobre tributos o la organización político administrativa, por ser temas exclusivos del Ejecutivo.
La enmienda al artículo 264 ata la planificación, construcción, equipamiento y mantenimiento que el inciso 7 asigna a los cabildos, para las áreas de salud y educación, a la “autorización del ente rector de la política pública”.
La modificación se complementa con una que también se haría al 261, para que el Estado adquiera una nueva competencia exclusiva: la de planificar, construir, equipar y mantener tales infraestructuras.
Su responsabilidad actual se ciñe a la política pública.
El concejal de Quito Sergio Garnica (SUMA-VIVE) expresa “gran preocupación” por el intento de “restringir” una tarea privativa de las alcaldías.
Él, quien integra la comisión municipal de Educación, advierte que en la práctica se generará “una serie de inconvenientes” porque “comenzaríamos a depender del Gobierno central”.
Se pregunta cuál sería el procedimiento que se debe seguir si la administración local quisiera ampliar los planteles con los que cuenta (35, según la página web institucional), de cara al nuevo año escolar en la Sierra, en septiembre próximo.
El exalcalde de Cotacachi y experto en descentralización Auki Tituaña concluye que el plan de enmiendas “desenmascara la pretensión de construir un Estado centralista”.
Lo califica como una “dedicatoria a un sector de los gobiernos locales”, debido a los últimos resultados electorales.
“Tras la derrota en las urnas, que el Gobierno no quiere reconocer, hay que neutralizarlos”, infiere quien fue alcalde entre 1996 y 2009.
En los comicios seccionales de este año, Alianza PAIS (AP) perdió los cabildos de Quito y Cuenca, dos de las ciudades más pobladas del país, y no captó la más habitada: Guayaquil.
En tanto, la Asamblea prevé promulgar este año una norma que alcanzará a los distintos niveles de territorio.
La Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo es una de sus prioridades, según la agenda legislativa.
Algunas autoridades locales han criticado el texto en análisis porque las dos instituciones que busca crear regularían dos competencias exclusivas de los Municipios: los planes de ordenamiento y el uso del suelo.
El asambleísta Octavio Villacreses (AP) cree que los reparos son anticipados pues el debate formal aun no empieza en la Comisión de Gobiernos Autónomos, que él integra, porque el documento que se revisa está en calidad de borrador.
Sin embargo, defiende la propuesta porque considera que hay que regular “el desorden y falta de planificación que existe en el país”.
Su colega en la comisión, Henry Cucalón (PSC-MG), remarca que “una entidad autónoma no debe consultar sus competencias exclusivas con nadie”, en alusión al rol que ejercerían la junta y la superintendencia, según el borrador.
Cucalón dice sospechar que el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, presentará en las próximas semanas un proyecto, y que ese sería tramitado en la mesa legislativa.
Sobre las enmiendas, Villacreses descarta que le restarán autonomía a los GAD.
Explica que el cambio al artículo 104 especificará más los temas de una consulta popular y el del 264, implementará una “competencia concurrente”.
17
Enmiendas incluye el primer paquete que AP oficializó esta semana. Anunció otro más.
Especialistas en la materia coinciden en que la posible reforma a dos artículos de la Carta Magna mermaría el principio reconocido en el artículo 238.
La propuesta se suma a otra de índole legislativa, que desde hace dos meses genera preocupación por la regulación que se buscaría aplicar a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), según sus detractores.
El oficialismo plantea cambiar 17 artículos de la Constitución, entre ellos el 104, sobre las consultas populares, y el 264, sobre las competencias exclusivas de los GAD municipales.
La enmienda al 104 alcanza a dos de sus siete incisos, y uno de ellos agrega a la redacción vigente que los temas de consulta popular no solo sean “de interés para su jurisdicción”, como reza en la actualidad, sino de “su competencia”.
Para el presidente del Centro de Observación Ciudadana, Xavier Buendía, esto limitaría la capacidad de los GAD a escoger la “inquietud ciudadana” que crean conveniente proponer a través de una consulta.
Y recuerda que ya se les prohíbe solicitar procesos sobre tributos o la organización político administrativa, por ser temas exclusivos del Ejecutivo.
La enmienda al artículo 264 ata la planificación, construcción, equipamiento y mantenimiento que el inciso 7 asigna a los cabildos, para las áreas de salud y educación, a la “autorización del ente rector de la política pública”.
La modificación se complementa con una que también se haría al 261, para que el Estado adquiera una nueva competencia exclusiva: la de planificar, construir, equipar y mantener tales infraestructuras.
Su responsabilidad actual se ciñe a la política pública.
El concejal de Quito Sergio Garnica (SUMA-VIVE) expresa “gran preocupación” por el intento de “restringir” una tarea privativa de las alcaldías.
Él, quien integra la comisión municipal de Educación, advierte que en la práctica se generará “una serie de inconvenientes” porque “comenzaríamos a depender del Gobierno central”.
Se pregunta cuál sería el procedimiento que se debe seguir si la administración local quisiera ampliar los planteles con los que cuenta (35, según la página web institucional), de cara al nuevo año escolar en la Sierra, en septiembre próximo.
El exalcalde de Cotacachi y experto en descentralización Auki Tituaña concluye que el plan de enmiendas “desenmascara la pretensión de construir un Estado centralista”.
Lo califica como una “dedicatoria a un sector de los gobiernos locales”, debido a los últimos resultados electorales.
“Tras la derrota en las urnas, que el Gobierno no quiere reconocer, hay que neutralizarlos”, infiere quien fue alcalde entre 1996 y 2009.
En los comicios seccionales de este año, Alianza PAIS (AP) perdió los cabildos de Quito y Cuenca, dos de las ciudades más pobladas del país, y no captó la más habitada: Guayaquil.
En tanto, la Asamblea prevé promulgar este año una norma que alcanzará a los distintos niveles de territorio.
La Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo es una de sus prioridades, según la agenda legislativa.
Algunas autoridades locales han criticado el texto en análisis porque las dos instituciones que busca crear regularían dos competencias exclusivas de los Municipios: los planes de ordenamiento y el uso del suelo.
El asambleísta Octavio Villacreses (AP) cree que los reparos son anticipados pues el debate formal aun no empieza en la Comisión de Gobiernos Autónomos, que él integra, porque el documento que se revisa está en calidad de borrador.
Sin embargo, defiende la propuesta porque considera que hay que regular “el desorden y falta de planificación que existe en el país”.
Su colega en la comisión, Henry Cucalón (PSC-MG), remarca que “una entidad autónoma no debe consultar sus competencias exclusivas con nadie”, en alusión al rol que ejercerían la junta y la superintendencia, según el borrador.
Cucalón dice sospechar que el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, presentará en las próximas semanas un proyecto, y que ese sería tramitado en la mesa legislativa.
Sobre las enmiendas, Villacreses descarta que le restarán autonomía a los GAD.
Explica que el cambio al artículo 104 especificará más los temas de una consulta popular y el del 264, implementará una “competencia concurrente”.
17
Enmiendas incluye el primer paquete que AP oficializó esta semana. Anunció otro más.
Ellos (los cabildos) mantienen el quirófano, pero si alguien se muere, la culpa es del Gobierno porque la responsabilidad de salud es mía. Esto es un error garrafal”.
Rafael Correa
Presidente
El espíritu de la Constitución y la ley es propender a respetar las autonomías. ¿Por qué? Porque las autoridades locales son las que están más cerca a la comunidad”.
Sergio Garnica
Concejal en Quito
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