Con
un recurso de aclaración planteado ayer por la defensa de Jamil Mahuad
respondió el expresidente a la sentencia de doce años de prisión que le
impuso la jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)
Ximena Vintimilla, por el presunto delito de peculado bancario.
La petición se fundamenta en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, que permite aclarar o ampliar una sentencia al juez que la dictó, aunque no puede revocarla ni alterar su sentido.
Según Patricio Vivanco, representante legal del exmandatario, la jueza sentenció a su cliente con la pena de doce años de reclusión mayor, pese a que el peculado tiene –en el Código Penal anterior– una sanción máxima de ocho años.
Legalmente, dijo Vivanco, ese delito puede ser sancionado con 8 a 12 años cuando se malversó fondos destinados a la defensa nacional. Por tanto, pidió a Vintimilla identificar la disposición legal que aplicó para imponerle esa pena.
El escrito fue presentado por disposición expresa de Mahuad, quien en un comunicado público cuestionó a la jueza, pues cree que se dejó llevar por el “atolondramiento en el afán de cumplir al pie de la letra las ordenes de sus jefes”.
Además, Mahuad afirmó que la condena es “otro capítulo de la crónica de un linchamiento político anunciado (...). La incompetencia de la ‘jueza’ no tiene límites. Se equivocó desde el inicio cuando mandó el proceso a sorteo”, dijo.
Ayer, Vivanco adelantó que una vez absuelto este recurso, planteará otros, ya que tiene previsto acudir a todas las instancias que le permite la ley para impugnar la sentencia.
La noche del jueves, Vintimilla defendió su fallo. “Me demoré un poco de tiempo en preparar una sentencia ajustada a la Constitución y al Derecho”.
Esto, dijo la jueza, “no tiene punto de comparación con los catorce años de impunidad vividos en el Ecuador”, y comentó que existió un perjuicio de más de $ 8 mil millones para el Estado ecuatoriano.
Tras invitar a revisar el texto de su sentencia, Vintimilla explicó que la legislación de la época en que se habría cometido el delito le permitió aplicar la máxima pena prevista para el peculado.
Aclaró, también, que la Ley establece la posibilidad de juzgar en ausencia ya que fue un delito que “causó alarma social, amargura y problemas a la sociedad”. “Deben ser juzgados en rebeldía”, justificó.
La petición se fundamenta en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, que permite aclarar o ampliar una sentencia al juez que la dictó, aunque no puede revocarla ni alterar su sentido.
Según Patricio Vivanco, representante legal del exmandatario, la jueza sentenció a su cliente con la pena de doce años de reclusión mayor, pese a que el peculado tiene –en el Código Penal anterior– una sanción máxima de ocho años.
Legalmente, dijo Vivanco, ese delito puede ser sancionado con 8 a 12 años cuando se malversó fondos destinados a la defensa nacional. Por tanto, pidió a Vintimilla identificar la disposición legal que aplicó para imponerle esa pena.
El escrito fue presentado por disposición expresa de Mahuad, quien en un comunicado público cuestionó a la jueza, pues cree que se dejó llevar por el “atolondramiento en el afán de cumplir al pie de la letra las ordenes de sus jefes”.
Además, Mahuad afirmó que la condena es “otro capítulo de la crónica de un linchamiento político anunciado (...). La incompetencia de la ‘jueza’ no tiene límites. Se equivocó desde el inicio cuando mandó el proceso a sorteo”, dijo.
Ayer, Vivanco adelantó que una vez absuelto este recurso, planteará otros, ya que tiene previsto acudir a todas las instancias que le permite la ley para impugnar la sentencia.
La noche del jueves, Vintimilla defendió su fallo. “Me demoré un poco de tiempo en preparar una sentencia ajustada a la Constitución y al Derecho”.
Esto, dijo la jueza, “no tiene punto de comparación con los catorce años de impunidad vividos en el Ecuador”, y comentó que existió un perjuicio de más de $ 8 mil millones para el Estado ecuatoriano.
Tras invitar a revisar el texto de su sentencia, Vintimilla explicó que la legislación de la época en que se habría cometido el delito le permitió aplicar la máxima pena prevista para el peculado.
Aclaró, también, que la Ley establece la posibilidad de juzgar en ausencia ya que fue un delito que “causó alarma social, amargura y problemas a la sociedad”. “Deben ser juzgados en rebeldía”, justificó.
Hay personas que asumen cargos públicos como ser presidente de la República, y el cargo tiene sus cargas, que tienen que ver con la responsabilidad de asumir las acciones que causen perjuicio a la población”.
Ximena Vintimilla
Jueza nacional
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