En estos momentos España se encuentra en una situación de incertidumbre política y económica motivada por las actuaciones separatistas que se están produciendo en Cataluña. Precisamente el sábado pasado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, firmó el decreto para convocar la consulta sobre el futuro político de Cataluña.
Estancamiento económico
Dejando aparte que una Cataluña independiente estaría peor económicamente, el propio proceso plebiscitario está generando una inestabilidad que está perjudicando considerablemente las expectativas económicas y de inversión en la comunidad autónoma. Además, el momento no puede ser más inoportuno ya que el entorno económico europeo no parece muy favorable y, como ya avanzó Mario Draghi la semana pasada, Europa se enfrenta a una posible situación de estancamiento. Efectivamente, el conjunto de la zona del euro avanza muy lentamente y todavía mantiene un nivel de crecimiento inferior al del comienzo de la crisis, mientras que otros países como Estados Unidos ya lo han superado. Además, se han detenido las tasas de crecimiento de economías muy importantes como las de Alemania, Francia e Italia.
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En Cataluña parece que también se tuercen las cosas. Según el último informe de Convivencia Cívica Catalana, la inversión extranjera que llegó a Cataluña durante el segundo trimestre de este año fue un tercio (34%) de la que recibió en el mismo periodo del año anterior. Un reflejo claro de las intenciones de los inversores internacionales ante un posible resultado independentista. El panorama de las empresas no es mucho más halagüeño.
Dos grandes entidades financieras catalanas, CaixaBank y Banco Sabadell, podrían necesitar planes para trasladar su sede fuera de Cataluña. Si Cataluña se independiza se quedará fuera de la zona del euro y, por tanto, sus bancos no recibirían créditos del Banco Central Europeo (BCE) que además de ser baratos (tienen un tipo de interés del 0,05%), son el último recurso con el que cuentan las entidades de crédito para resolver situaciones de falta de liquidez.
Éste es sólo un ejemplo de los efectos que está teniendo no ya la independencia, sino el mero hecho de plantear una posible consulta sobre ella. Si, además, la separación fuera real, los efectos sobre la economía catalana podrían ser considerables. Cataluña se contraería y el colapso económico podría ser considerable fundamentalmente porque una parte de las empresas radicadas allí se irían. La actividad empresarial no se mueve por sentimentalismos nacionalistas sino por motivos económicos y sociales y desde el momento en que se hiciera efectiva la independencia las empresas catalanas tendrían que luchar para hacerse un hueco en los mercados internacionales.
¿Por qué esta situación de inferioridad de las empresas en un contexto de independencia? En primer lugar porque la independencia supondría la salida automática de Cataluña de la UE. Lo que significaría que la UE aplicaría inmediatamente un arancel a la importación de productos catalanes. Sería el mismo que soportan los países que no son miembros de la Unión Europea. Además, Cataluña podría caer en la tentación de elevar barreras arancelarias para proteger a sus empresas de los productos extranjeros.
En definitiva, las empresas catalanas verían como aumentan sus costes de importación de las materias primas y bienes intermedios que no se produzcan en Cataluña a la vez que disminuyen sus ingresos por exportaciones. La solución al problema está clara: trasladar la empresa fuera de Cataluña para continuar trabajando en un territorio que forme parte de la UE y de su mercado único. Además, como señalan los libros, el aumento de aranceles generaría una reducción del comercio internacional y una menor eficiencia económica. Todo ello disminuiría considerablemente las oportunidades de Cataluña de generar ventajas competitivas.
Aumento del déficit público
Esta situación de reducción de la producción dificultaría la solvencia del sector público catalán y llevaría a un desequilibrio de las cuentas públicas. Primero, porque los ingresos se contraerían por la menor actividad económica que generaría la deslocalización de las empresas, lo que disminuiría las bases imponibles y, como consecuencia, la recaudación fiscal.
Segundo, los gastos serían mayores. El Gobierno de Cataluña tendría que financiar la constitución del nuevo Estado y hacerse cargo de aquellas partidas que estaban aseguradas por el Estado español como las pensiones, y de incrementos en sueldos de los funcionarios y en defensa. Asimismo, debería continuar haciendo frente a los pagos del servicio de la deuda pública española que le correspondiese, al menos durante algunos años. Años que formarían parte de un periodo clave para consolidar económicamente la independencia.
Por tanto, el resultado sería un grave déficit público catalán que no podría recurrir a la emisión de deuda para su financiación, ya que la previsible desconfianza de los inversores en su devolución impediría a Cataluña acceder a los mercados internacionales. Es difícil pensar que un país de reciente creación, pequeño comparado con los gigantes europeos y sin apoyo internacional, sea merecedor de la confianza de los compradores de bonos que, en definitiva, puede destinar sus recursos a cualquier otro territorio con mejores expectativas.
El abandono de la zona del euro y la creación de una nueva moneda Además, si Cataluña se independizase, se vería obligada a abandonar la Unión Monetaria Europea. En ese posible escenario a Cataluña se le abrirían dos posibilidades: mantener el euro o crear su propia moneda. En el primer caso, nadie puede impedir que Cataluña continúe usando el euro. Pero para que un país pueda utilizar una moneda que no controla debe conseguir acercarse al equilibrio fiscal. Sólo así podría tener acceso a la financiación internacional.
Sin embargo, ante un escenario de elevado déficit público, sin ayudas de la UE y sin recurso al BCE, es imposible utilizar una moneda como el euro. Por tanto, lo más probable es que Cataluña en el caso de independizarse desarrollaría su propia moneda: llamémosla «catalino». En ese caso tendría que hacer un «corralito» que evitase la estampida de depósitos en euros. El tipo de cambio inicial, por comodidad sería: 1 euro = 1 catalino. Entonces el Gobierno de Cataluña invitaría a sus ciudadanos a que vayan al Banco Central de Cataluña y/o por extensión a los bancos comerciales ubicados en Cataluña a cambiar sus euros por catalinos.
¿Alguno de ustedes, queridos lectores, iría corriendo al banco a cambiar sus euros por catalinos? Nadie. Todos los catalanes guardarían sus euros a buen recaudo o se los llevarían al extranjero. Y antes de que el Gobierno catalán hiciese un «corralito» y bloqueara las cuentas en euros para convertirlas más tarde y automáticamente en catalinos, retirarían rápidamente sus depósitos en euros y los pondrían en una cuenta en otros países como España, Andorra o Francia.
Lo harían entre otras cosas, porque una vez introducida la nueva moneda, el siguiente paso es la devaluación del catalino, con el fin de financiar el déficit público y también para ganar en competitividad. Al principio, para dar confianza y evitar suspicacias, haría falta mantener un tipo de cambio fijo. Pero al poco tiempo se depreciaría su moneda y Cataluña habría ganado competitividad, porque los precios en euros de sus exportaciones se habrían reducido considerablemente.
Pero con la nueva moneda no todo serían ventajas y habría también importantes inconvenientes. El primero la inflación, por varios motivos: 1) los precios de las importaciones, valorados en catalinos, aumentarían lo que incrementaría el nivel de precios de los bienes de consumo; y 2) crecerían los costes de producción de las empresas que necesiten comprar en el exterior, lo que reducirían sus márgenes de beneficio y elevarían sus precios de venta.
El segundo, mayores dificultades para hacer frente a las deudas expresadas en euros, que serían la mayoría y que después de la devaluación serían mucho mayores en términos de la nueva moneda local. Y finalmente, descontento social. Los que pudieron mantener sus ahorros en euros habrán visto aumentar su poder adquisitivo mientras aquellos que sufrieron el corralito o simplemente no tuvieron la oportunidad de retirar sus depósitos se habrán empobrecido. En definitiva, las consecuencias de una Cataluña fuera del euro serían muy graves. A corto plazo el panorama se tornaría muy complicado: dificultad para pagar tanto la deuda privada como la pública, deslocalización del sistema financiero y parte del tejido productivo y, como consecuencia, débil crecimiento económico. Por supuesto, como es fácil ver, esto no sólo sería perjudicial para Cataluña sino también para España.
Una forma de evitar estas indeseables consecuencias sería que Cataluña siguiera perteneciendo a la Unión Económica y Monetaria. Esta favorable situación económica de tener el euro como divisa es algo que se está dando por hecho en las reivindicaciones independentistas. No obstante, el proceso de adhesión a la UE está firmemente regulado y está sujeto a numerosos requisitos. Además, haría falta unanimidad en el Consejo de la UE, del que forma parte España, para aceptar la entrada del nuevo miembro. Por supuesto, la decisión se toma en función de los costes y beneficios económicos y políticos y, además, es muy probable que la adhesión de Cataluña beneficiara también a España. Sin embargo, la incertidumbre existe y es una herramienta más de negociación, igual que lo es la valoración de qué parte de la deuda española corresponde a Cataluña.
El papel de las expectativas
Es cierto que la economía catalana cuenta con una importante parte del tejido empresarial e industrial del país. Pero no se puede olvidar que la actividad económica futura está basada, entre otras cosas, en la confianza y en la estabilidad.
Probablemente los aficionados a la economía recuerden que las expectativas de los agentes afectan al funcionamiento de los mercados y también a las decisiones políticas. Esta característica que describe la Real Academia como la «posibilidad razonable de que algo suceda» es ahora el principal condicionante económico de nuestro país y un potencial freno a nuestro ritmo de crecimiento.
Son precisamente estas expectativas económicas las que anticipan un desequilibrio importante en las finanzas públicas catalanas y que aumentaría bajo la hipótesis de la independencia ya que aumentarían los gastos (motivados por la creación del nuevo Estado, el pago del servicio de la deuda pública española que le correspondiese y el mantenimiento de las instituciones y de las administraciones públicas) y se reducirían los ingresos por el efecto de una menor actividad económica. A lo anterior se une que los agentes económicos puedan cuestionar la permanencia de Cataluña en el euro lo que haría que la confianza en la economía catalana se viera perjudicada.
En definitiva, el sentimiento independentista es respetable y siempre que sea conforme a derecho se debería saber cuál es la intención de la mayoría de los catalanes sobre su pertenencia a España. Pero la independencia de Cataluña es una realidad mucho más compleja de lo que en general se está planteando.
Además, en un entorno como el actual de debilidad económica de la UE, el mero hecho de hacer una consulta sobre la independencia de Cataluña añadiría todavía más incertidumbre y, por tanto, inestabilidad a la frágil economía europea, española y catalana.
http://www.expansion.com/2014/09/29/economia/1412020359.html?cid=SIN8901
