El proyecto, que se denomina Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Biess para la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, se había discutido en el organismo legislativo desde julio pasado. La propuesta inicial apuntaba únicamente al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME), con activos por USD 431,4 millones. Pero luego se amplió a otros fondos que, según el oficialismo, recibieron aportes estatales.
Esto, más supuestos malos manejos fueron los principales argumentos de los asambleístas oficialistas durante el debate de ayer. “Tenemos 7 163 hojas de denuncias por no haber pagado o devuelto los fondos de cesantía. Después de 30 años de haber aportado les daban... ¡yuca!”, dijo la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Betty Carrillo, durante una acalorada intervención. El proyecto contempla, sin embargo, cuatro condiciones para que los fondos mantengan su administración privada y no pasen al Biess.
La primera es que la mitad más uno de los partícipes esté de acuerdo con mantener la administración actual. Pero, además, deben demostrar que los partícipes realizaron los aportes de manera voluntaria; garantizar que devolverán los recursos a los partícipes en cualquier momento; y cuarto, reitegrar al Fisco el valor de los recursos estatales con intereses. Cristina Reyes, asambleísta socialcristiana, consideró que se están violentando derechos de los ciudadanos como el de asociación y de propiedad privada.
“Cada partícipe debe decidir dónde poner su plata”. Según datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), al 30 de junio del 2014, de 64 fondos privados, 53 tienen aportes estatales por USD 153,5 millones. Los 11 fondos restantes, entre los que se incluye el Fondo de Cesantía del Magisterio, no tienen aportes estatales, según la SBS. Pero Fausto Cayambe, de AP, dijo que el proyecto de ley afectará a 54 fondos, incluido el del Magisterio. Esos fondos tienen ahorros de trabajadores por USD 1 055 millones. Carrillo negó que la norma esté dirigida a un solo fondo y dijo que dispone de información sobre tres supuestos aportes que habría recibido el FCME del Estado.
Para determinar el aporte, dijo, el proyecto establece que se realizarán auditorías. El segundo debate debía arrancar el 11 de septiembre pasado, pero se suspendió porque había otros temas que debían debatirse, dijo Carrillo, quien negó que la suspensión se haya debido a falta de votos. La socialcristiana Cynthia Viteri calificó al proyecto como una “metida de mano, como a las utilidades de los trabajadores de las telefónicas, a las hamburguesas... con tanta metida de mano pueden quedar mutilados y se las puede cortar de tajo cuando se levanta el pueblo”.
La asambleísta María Carrión, de Alianza País, dijo que no se meterá la mano a los fondos, sino que se logrará auditarlos. En el debate, asambleístas oficialistas propusieron que los administradores, el representante legal y los miembros del comité de inversiones respondan con su patrimonio personal de existir faltantes de recursos. La titular provincial de los FCME, Mónica Ayala, defendió la administración de este ente. “Son pequeños aportes acumulados a pulso por los maestros y que hoy de manera fácil se pretende transferir al Biess”. Dijo que la norma violenta el derecho de asociación y el principio de seguridad.
“Los fondos pasarán a una sola institución”. El asambleísta de oposición, Andrés Páez, dijo que el SBS deberá explicar los supuestos malos manejos denunciados por el oficialismo en el Pleno.
http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/ley-busca-pasar-millones-fondos.html.
No hay comentarios:
Publicar un comentario