Desde
Polonia y Rusia, el Contralor del Estado, Carlos Pólit, respondió sobre
las auditorías a los contratos del Consejo de la Judicatura de
Transición (CJT) en la emergencia judicial, de julio del 2011 a enero
del 2013.
Pólit señala que la Contraloría investigó denuncias sobre parientes beneficiados con contratos, aunque aclara que esto se hizo solo hasta mayo del 2012. En noviembre de ese año, el CJT firmó un contrato por $ 20,8 millones para remodelar el Palacio de Justicia de Guayaquil. En la nómina de la contratista de esa obra figuraban cinco parientes del extitular del CJT, Paulo Rodríguez Molina.
¿Cuántas auditorías se han hecho a contratos del CJT?
Se han hecho tres exámenes a la gestión del actual Consejo de la Judicatura como al de Transición, uno está aprobado y en proceso de determinación de responsabilidades; de los dos restantes, uno concluyó y se analizan los descargos; y, en el caso del tercero, aún se halla en ejecución.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo la semana pasada que “Contraloría tendría que examinar” si hay parientes beneficiados en contratos. ¿Esto se ha hecho?
En la primera Orden de Trabajo, cuyo periodo iba hasta mayo del 2012, efectivamente, se hizo el seguimiento a los nombres que constaban en ciertas denuncias; nuestro examen se apoyó en datos del Registro Civil y la Superintendencia de Compañías y no se encontraron datos que confirmen una vinculación. En el caso de la segunda Orden de Trabajo que va hasta junio del 2013, no es de nuestra competencia verificar la nómina de empleados de empresas privadas.
El CJT cesó hace 20 meses y aún la Contraloría no concluye ninguna de las tres auditorías ni señala responsabilidades.
La determinación de responsabilidades es posterior a la ejecución de la auditoría, una vez que se ha efectuado el control de los recursos públicos, luego de agotado el proceso, que incluye una serie de pasos, recién se da inicio al proceso sancionatorio.
¿No cree que la Contraloría trabaja con lentitud?
De ningún modo. No hay que olvidar que la ley establece un margen de hasta siete años para esta labor. Nuestro trabajo se realiza atendiendo técnicas de auditoría, casi siempre posteriores a los actos de la administración pública, el trabajo de la auditoría es complejo a fin de asegurar el debido proceso, y que los resultados y eventuales responsabilidades no sean desvanecidas judicialmente. Fruto de ese cuidado es que actualmente, cuando una glosa o responsabilidad civil es impugnada ante los tribunales, el nivel de sentencias que ratifican la legalidad de lo actuado son la gran mayoría.
Siendo la Contraloría un importante órgano de control, ¿no cree que debería hacer su trabajo en plazos oportunos?
Los plazos dependen de una serie de factores, incluido en alcance del periodo examinado y los montos de las operaciones, la recolección de la información... No es lo mismo hablar de un examen a una junta parroquial o a un colegio, que del Consejo de la Judicatura o Petroecuador.
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/09/19/nota/3987376/polit-no-nos-compete-verificar-nomina-empresas
Pólit señala que la Contraloría investigó denuncias sobre parientes beneficiados con contratos, aunque aclara que esto se hizo solo hasta mayo del 2012. En noviembre de ese año, el CJT firmó un contrato por $ 20,8 millones para remodelar el Palacio de Justicia de Guayaquil. En la nómina de la contratista de esa obra figuraban cinco parientes del extitular del CJT, Paulo Rodríguez Molina.
¿Cuántas auditorías se han hecho a contratos del CJT?
Se han hecho tres exámenes a la gestión del actual Consejo de la Judicatura como al de Transición, uno está aprobado y en proceso de determinación de responsabilidades; de los dos restantes, uno concluyó y se analizan los descargos; y, en el caso del tercero, aún se halla en ejecución.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo la semana pasada que “Contraloría tendría que examinar” si hay parientes beneficiados en contratos. ¿Esto se ha hecho?
En la primera Orden de Trabajo, cuyo periodo iba hasta mayo del 2012, efectivamente, se hizo el seguimiento a los nombres que constaban en ciertas denuncias; nuestro examen se apoyó en datos del Registro Civil y la Superintendencia de Compañías y no se encontraron datos que confirmen una vinculación. En el caso de la segunda Orden de Trabajo que va hasta junio del 2013, no es de nuestra competencia verificar la nómina de empleados de empresas privadas.
El CJT cesó hace 20 meses y aún la Contraloría no concluye ninguna de las tres auditorías ni señala responsabilidades.
La determinación de responsabilidades es posterior a la ejecución de la auditoría, una vez que se ha efectuado el control de los recursos públicos, luego de agotado el proceso, que incluye una serie de pasos, recién se da inicio al proceso sancionatorio.
¿No cree que la Contraloría trabaja con lentitud?
De ningún modo. No hay que olvidar que la ley establece un margen de hasta siete años para esta labor. Nuestro trabajo se realiza atendiendo técnicas de auditoría, casi siempre posteriores a los actos de la administración pública, el trabajo de la auditoría es complejo a fin de asegurar el debido proceso, y que los resultados y eventuales responsabilidades no sean desvanecidas judicialmente. Fruto de ese cuidado es que actualmente, cuando una glosa o responsabilidad civil es impugnada ante los tribunales, el nivel de sentencias que ratifican la legalidad de lo actuado son la gran mayoría.
Siendo la Contraloría un importante órgano de control, ¿no cree que debería hacer su trabajo en plazos oportunos?
Los plazos dependen de una serie de factores, incluido en alcance del periodo examinado y los montos de las operaciones, la recolección de la información... No es lo mismo hablar de un examen a una junta parroquial o a un colegio, que del Consejo de la Judicatura o Petroecuador.
No es lo mismo hablar de un examen a una junta parroquial o a un colegio, cuyo riesgo es bajo en relación a entidades como el Consejo de la Judicatura o Petroecuador”.
Carlos Pólit, contralor
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/09/19/nota/3987376/polit-no-nos-compete-verificar-nomina-empresas
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