En el debate sobre el futuro del Metro de Quito, los dos principales actores para su financiamiento guardan silencio. El alcalde Mauricio Rodas no da mayores luces sobre el proyecto, mientras que el presidente Rafael Correa no se ha referido al tema en los últimos meses.
Por ahora el proyecto está en manos de una comisión técnica que analiza las cuatro ofertas económicas para la fase 2 del Metro, que superan en al menos USD 500 millones el monto fijado en los estudios previos, realizados por Metro Madrid en la anterior administración.
Sin embargo, alrededor de este monto se ha abierto un amplio debate político, en el que se baraja la posibilidad de que el proyecto no sea viable por falta de financiamiento.
Si bien ninguna decisión se tomará mientras la comisión no presente su informe, el Concejo Metropolitano se encuentra enfrascado en una discusión política con información parcial, pues las ofertas están sujetas a una cláusula de confidencialidad. La discusión se centra en quién financiará ese saldo: el Cabildo o el Gobierno.
En este escenario, la bancada de Alianza País asegura que el Municipio está en capacidad de endeudarse hasta cubrir la diferencia de los costos, en el caso de que el Ejecutivo no entregara esos recursos.
El concejal Eddy Sánchez señala que el índice de endeudamiento del Cabildo, incluyendo el Metro de Quito, está en 75,05%. Esa cifra está determinada -señala- en el Informe de Sustentabilidad Económico-Financiera del proyecto, presentado en marzo pasado.
El Código de Planificación de las Finanzas Públicas establece límites para el endeudamiento de los municipios. “El informe tiene firmas de responsabilidad. Hay que decir las cosas sustentadamente, no con base en elucubraciones”, asegura Sánchez. El edil Antonio Ricaurte (Vive), en cambio, asegura que la capacidad de endeudamiento del Cabildo está al tope. Y va más allá: sostiene que los costos de operación serán mayores a los presupuestados, por lo que la tarifa del metro deberá ser mayor a USD 0,48 o se deberá aplicar un subsidio de
USD 1,5 millones diarios.
Sin embargo, mientras la comisión no entregue su informe final, no hay resultados concretos. Este grupo de técnicos tenía dos meses para presentarlo, que se cumplió en septiembre.
En todo caso, cualquier decisión sobre el Metro traerá consecuencias políticas, por el interés que despertó el plan. La encuesta domiciliaria de movilidad, publicada en 2012, señala que el 90% de los quiteños aprueba el proyecto.
El urbanista Paco Salazar señala que la ciudad está ante un campo de tensión, pues el transporte masivo atiende al 70% de la población. “Si el Gobierno financia el Metro, gana puntos, pero Rodas también. Mientras que si no pone el dinero, el Alcalde gana un espacio de víctima y va a poder decir que el Gobierno nos falló”.
“En paralelo al trabajo de la comisión, estamos adelantando diálogos tanto con el Gobierno Nacional como con los organismos multilaterales con el propósito de encontrar soluciones justamente al problema financiero que implica cubrir los costos de la obra”, aseguró el alcalde Rodas el jueves, durante la sesión del Concejo.
De su lado, el Gobierno central no ha hecho ningún anuncio al respecto. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, en entrevista con EL COMERCIO publicada el pasado lunes, señaló que el financiamiento para el metro está asignado dentro de la línea de USD 1 000 millones que tiene el país con el Banco Mundial. “Pero ese tema está un poco parado”, dijo.
Mediante Decreto Ejecutivo 750 del 28 de abril del 2011, durante la administración de Augusto Barrera, el presidente Correa autorizó al Ministerio de Finanzas para concretar el aporte financiero del Gobierno central en al menos 50% del costo por proyecto.
Entonces, el Mandatario habló de USD 750 millones, de acuerdo con los precios establecidos por Metro Madrid. Esa cifra fue ratificada por el ministro de la Política Económica, Patricio Rivera, en julio pasado, cuando ya se abrieron las ofertas para la fase 2.
Pero ahora que el costo es más alto, también el aporte de deberá ser mayor para cumplir con el Decreto, según el concejal Sergio Garnica (SUMA-Vive). “El Presidente declaró al Metro de Quito como un proyecto de interés nacional, estratégico y prioritario”, dice.
El edil señala que la mayor parte de metros construidos en la región tienen un aporte del Gobierno central de alrededor del 70%. Cita por ejemplo el Metro de Bogotá, en el que el Ejecutivo colaboró con el 75% del financiamiento.
Si bien ninguna decisión se tomará mientras la comisión no presente su informe, el Concejo Metropolitano se encuentra enfrascado en una discusión política con información parcial, pues las ofertas están sujetas a una cláusula de confidencialidad. La discusión se centra en quién financiará ese saldo: el Cabildo o el Gobierno.
En este escenario, la bancada de Alianza País asegura que el Municipio está en capacidad de endeudarse hasta cubrir la diferencia de los costos, en el caso de que el Ejecutivo no entregara esos recursos.
El concejal Eddy Sánchez señala que el índice de endeudamiento del Cabildo, incluyendo el Metro de Quito, está en 75,05%. Esa cifra está determinada -señala- en el Informe de Sustentabilidad Económico-Financiera del proyecto, presentado en marzo pasado.
El Código de Planificación de las Finanzas Públicas establece límites para el endeudamiento de los municipios. “El informe tiene firmas de responsabilidad. Hay que decir las cosas sustentadamente, no con base en elucubraciones”, asegura Sánchez. El edil Antonio Ricaurte (Vive), en cambio, asegura que la capacidad de endeudamiento del Cabildo está al tope. Y va más allá: sostiene que los costos de operación serán mayores a los presupuestados, por lo que la tarifa del metro deberá ser mayor a USD 0,48 o se deberá aplicar un subsidio de
USD 1,5 millones diarios.
Sin embargo, mientras la comisión no entregue su informe final, no hay resultados concretos. Este grupo de técnicos tenía dos meses para presentarlo, que se cumplió en septiembre.
En todo caso, cualquier decisión sobre el Metro traerá consecuencias políticas, por el interés que despertó el plan. La encuesta domiciliaria de movilidad, publicada en 2012, señala que el 90% de los quiteños aprueba el proyecto.
El urbanista Paco Salazar señala que la ciudad está ante un campo de tensión, pues el transporte masivo atiende al 70% de la población. “Si el Gobierno financia el Metro, gana puntos, pero Rodas también. Mientras que si no pone el dinero, el Alcalde gana un espacio de víctima y va a poder decir que el Gobierno nos falló”.
“En paralelo al trabajo de la comisión, estamos adelantando diálogos tanto con el Gobierno Nacional como con los organismos multilaterales con el propósito de encontrar soluciones justamente al problema financiero que implica cubrir los costos de la obra”, aseguró el alcalde Rodas el jueves, durante la sesión del Concejo.
De su lado, el Gobierno central no ha hecho ningún anuncio al respecto. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, en entrevista con EL COMERCIO publicada el pasado lunes, señaló que el financiamiento para el metro está asignado dentro de la línea de USD 1 000 millones que tiene el país con el Banco Mundial. “Pero ese tema está un poco parado”, dijo.
Mediante Decreto Ejecutivo 750 del 28 de abril del 2011, durante la administración de Augusto Barrera, el presidente Correa autorizó al Ministerio de Finanzas para concretar el aporte financiero del Gobierno central en al menos 50% del costo por proyecto.
Entonces, el Mandatario habló de USD 750 millones, de acuerdo con los precios establecidos por Metro Madrid. Esa cifra fue ratificada por el ministro de la Política Económica, Patricio Rivera, en julio pasado, cuando ya se abrieron las ofertas para la fase 2.
Pero ahora que el costo es más alto, también el aporte de deberá ser mayor para cumplir con el Decreto, según el concejal Sergio Garnica (SUMA-Vive). “El Presidente declaró al Metro de Quito como un proyecto de interés nacional, estratégico y prioritario”, dice.
El edil señala que la mayor parte de metros construidos en la región tienen un aporte del Gobierno central de alrededor del 70%. Cita por ejemplo el Metro de Bogotá, en el que el Ejecutivo colaboró con el 75% del financiamiento.
Sin embargo, Salazar recuerda que también hay intereses de la banca internacional, pues el exalcalde Augusto Barrera incluyó en el diálogo a instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a las que se les garantizó un negocio.
http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/metro-quito-destino-politico-correa.html
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