YACHAY Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN GENERAN MÁS NEGOCIOS

Janeth Castillo cumplió ayer su primer mes de trabajo en la lavandería comunitaria que funciona en la Universidad Yachay, en Urcuquí (Imbabura).
Esta madre de dos hijos, moradora de la comuna de Armas Tola, vecina del nuevo plantel, es una de los 21 integrantes de la Asociación Tapiapamba.
Esta agrupación, formada hace dos meses, ofrece servicios de lavado, planchado y costura de ropa para estudiantes y profesores. También la limpieza y arreglos de vías del campus.
En medio de las máquinas de lavado y secado, la mujer recoge las prendas. Dice que está contenta con el proyecto Yachay, ya que le abrió una oportunidad laboral.
Hasta el año anterior criaba gallinas para ayudar a la economía familiar. Ella es una de las 1 070 personas que han conseguido una fuente de empleo directo o indirecto, en la Ciudad del Conocimiento.
Los datos los reveló Ramiro Moncayo, gerente de Desarrollo Industrial, Productivo y Atracción de Inversiones de Yachay Empresa Pública.
Explica que este proyecto, que busca un cambio en la matriz productiva del país, es incluyente. "Si bien buscamos atraer inversión privada, trabajamos con el desarrollo de la economía popular y solidaria con las comunidades aledañas a la Ciudad del Conocimiento".
Según la propuesta, se construirá una nueva urbe totalmente planificada en 4 489 hectáreas en Urcuquí. En la primera fase se abrió el curso de nivelación para 187 estudiantes dirigidos por 40 docentes, que conforman la Universidad de Investigación Científica y Experimental Yachay.
Además de la Asociación Tapiapamba, de Janeth Castillo, están conformadas cuatro más. El trabajo asociativo es uno de los requisitos para atender la demanda de los habitantes de esta nueva urbe.
Paralelamente, se construyen los módulos de las nuevas aulas, laboratorios y residencias. Ahí trabaja un ejército de obreros de la construcción.
Esta ciudad universitaria está cambiando la vocación productiva de Urcuquí. Según el Municipio, hasta el año anterior la actividad agropecuaria era el motor económico.
Pero desde el 31 de marzo, cuando la Universidad Yachay abrió las puertas, hay una creciente demanda de servicios. Uno de ellos es la alimentación.
En una de las cafeterías del plantel labora Guadalupe Quimbiamba, de 31 años. Antes los urcuquireños tenían que salir a trabajar en Ibarra o Quito. Está contenta por la cercanía de su empleo con su hogar y porque ya no tiene que viajar.
Otro emprendimiento es la constructora SAF, integrada por tres socios de Urcuquí, asegura José Pozo, uno de los integrantes de esta empresa que se está constituyendo.
Hacia el sur del país, en la capital de Cañar también surgieron pequeños negocios de servicios. Exactamente, los emprendimientos se crearon en la parroquia Javier Loyola, a cinco minutos de Azogues. Ahí la apertura de la Universidad Nacional de Educación, que también funciona desde hace un mes, abrió nuevas oportunidades laborales.
Este centro de educación ocupará 46 hectáreas, pero en la primera fase tiene 2 854 m2 de construcción.
Ahí se educan 19 estudiantes que asisten al curso de nivelación, previo a iniciar la carrera profesional en septiembre. En un año se prevé que tendrá 7 500 educandos.
Javier Loyola es una zona de casas pequeñas y áreas verdes destinadas a huertos. No tiene una cobertura total de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
Desde el año anterior, cuando empezó a levantarse la universidad, se abrieron dos comedores, tres tiendas de víveres y dos cabinas de servicio de internet, en torno al campus.
Según Sonia Bravo, propietaria de uno de los negocios, hay un mayor movimiento comercial en la parroquia. Los estudiantes y sus familiares son sus principales clientes.
Los 19 alumnos llegaron de Pichincha, Guayas, Manabí, Loja, El Oro… Juan Carlos Gía, de 20 años, vino de Zaruma. Calcula que gasta USD 30 en alimentación y el servicio de lavado de ropa a la semana.
Ante esta nueva dinámica, se formó la pre Asociación Javier Loyola. Tiene 64 socios, quienes tramitan la personería jurídica y se capacitan para ofertar alimentación, lavandería, limpieza, transporte, entre otros.
Por lo pronto, solo la Asociación Serlin de Azogues entrega almuerzos a 11 estudiantes. Ese grupo se creó hace un año y está integrado por 12 mujeres.
Cada día dos socias atienden a los comensales. El martes pasado, el menú fue sopa de avena con zanahoria y choclo, seco de carne y jugo de naranja.
Lilia Calderón y Mercy Carangui están contentas porque desde que se abrió el plantel reciben pedidos para la preparación de comida. El 15 de abril, por ejemplo, elaboraron 1 200 sánduches para la inauguración de este centro educativo.
El Estado proporciona la vivienda a los estudiantes. 17 se acogieron a ese beneficio, que forma parte de la beca de estudios. Según Patricia Verdugo, de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Educación, por tres inmuebles pagan USD 1 200 al mes.
­En contexto
Las universidades de Investigación Científica y Experimental Yachay, en Imbabura; y la Nacional de Educación, en Azogues, fueron creadas a través de la Ley Orgánica de Educación Superior, aprobada en agosto del 2010. Hay dos más: de las Artes e Ikiam.

ARRANCA EL DEBATE SOBRE EL CÓDIGO LABORAL

Alrededor de 500 artículos contiene el proyecto de Ley de Código de Relaciones Laborales, según el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, quien hoy, 1 de mayo, tiene previsto presentar el documento.
Hasta ahora solo se conoce que el contenido del nuevo Código gira alrededor de 25 puntos relacionados con derechos de los trabajadores, manejo de casos laborales en instancias judiciales, contratación, salarios y sindicalización.
Con relación a este último punto el Gobierno propone la creación de sindicatos por rama de actividad, debido a que actualmente ya operan 22 comisiones, en función del sector productivo al que pertenece.
"El Gobierno debe respetar la libertad para conformar las organizaciones, así como los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", dijo Edwin Bedoya, representante de los trabajadores al Consejo Nacional de Salarios (Conades).
El dirigente es parte de una de las cuatro centrales sindicales, aglutinadas en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que permanentemente han sido críticas con el Régimen.
Opuestos a ellos se encuentran otras organizaciones representadas en el Parlamento Laboral Ecuatoriano. Si bien estas se han mostrado cercanas al Régimen, concuerdan con el FUT en su visión acerca del manejo sindical en el país.
En los temas polémicos del proyecto de Código del Trabajo, como la mensualización de los décimos, han preferido mantener un perfil bajo.
El Régimen pretende que este sobresueldo se pague obligatoriamente a los trabajadores públicos cada mes, mientras que para los empleados privados sería opcional.
Para Joaquín Viteri, abogado laboral, esto va en contra de los derechos adquiridos, los cuales deben de ser progresivos y no regresivos. De ahí que también hizo observaciones al planteamiento del Gobierno de sustituir el beneficio de la jubilación patronal.
Actualmente, este monto, que se fija a través de cálculos actuariales se paga al trabajador que se jubila tras 25 años de servicio en la misma empresa.
Uno de los planteamientos del Régimen, aunque no es definitivo, es el pago de un bono, el cual aún no está claro cómo se calculará o pagará.
Viteri presentó a la Asamblea hace un par de años, junto al FUT, sus lineamientos para el proyecto de Código Laboral.
Y sobre la jubilación patronal cree que el mecanismo actual debe mantenerse, incluso creando una cuenta para que el empleador empiece a guardar el dinero que financie la jubilación. Ahora, los empleados con 15 o 16 años de antigüedad suelen salir de la empresa para evitar el pago de ese valor, dice. "Con nuestra propuesta se le debe cancelar lo que se ha guardado hasta ese momento".
Los empresarios, por su parte, consideran que se debe encontrar mecanismos de compensación que reemplacen la jubilación patronal que, a su juicio, es anacrónica porque le corresponde a la seguridad social. Este planteamiento de Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), se presentaría en las mesas de trabajo que prevén conformar los empresarios, junto a los trabajadores, para analizar el proyecto laboral.
Este proceso de revisión, difusión y aportes, en el que también se busca la participación de la sociedad civil, se espera que tomará hasta septiembre. Para el último trimestre de este año el Gobierno tiene previsto enviar el texto final a la Asamblea Nacional.
El objetivo de empleadores y trabajadores es que con el accionar en las mesas de discusión se logre una propuesta única de proyecto de Código.
Dos marchas en Quito
Dos marchas se realizarán en Quito por el Día del Trabajo. La primera marcha, organizada por la Confederación de Trabajadores del Sector Público del Ecuador (sector afín al Gobierno), saldrá a las 10:30 del parque El Arbolito hacia la plaza de San Francisco. La segunda marcha, del Frente Unitario de Trabajadores (crítica al Régimen), avanzará desde la Caja del Seguro en el parque El Ejido, a las 09:00, hasta la plaza de Santo Domingo.
Algunos elementos de la propuesta del régimen

• Se establece  el pago mensual de los décimos tercer y cuarto sueldos. Para los empleados privados esto será opcional.
• El Régimen  busca la sustitución de la jubilación patronal por un bono. Todavía no se ha definido el mecanismo de pago.
• El texto  habla del pago de utilidades en acciones de la empresa. El Código de la Producción ya proponía esto anteriormente.
• El documento establece que las huelgas se realicen en los exteriores de las instalaciones de las empresas para evitar daños.
• El Gobierno  propone la eliminación del servicio de guardería, comedor, médico y almacenes en el interior de las empresas.
• En el texto se establece la posibilidad de llevar a cabo juicios rápidos, en una sola audiencia. También, que el cobro de multas o haberes sea ágil.
• El proyecto  crea la bonificación por terminación de contrato. También se elimina el trámite de desahucio. Solo se llenaría dos formularios.
• El pago de  horas extras a los trabajadores de confianza (los jefes) se haría posible. Esto aplica para quienes ganen más de siete salarios básicos.
• El documento  garantiza mayor protección a la trabajadora embarazada. Habría indemnizaciones más altas si ellas son despedidas.
• El Gobierno  propone que se reconozca el trabajo doméstico y el teletrabajo. Para ello se garantizan nuevas modalidades contractuales.