JORGE HERRERA, NUEVO PRESIDENTE DE LA CONAIE, APUNTA A BASES INDÍGENAS

Tras dos días de congreso y de definir sus posiciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) amaneció ayer con un nuevo presidente: Jorge Herrera, de 43 años, de la parroquia Toacaso, Latacunga, y postulado por la Ecuarunari.

Este tecnólogo en el campo ambiental reemplazará a Humberto Cholango y se autoidentifica como un hombre de las bases del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Y a ellas apunta para buscar la unidad en todas las regiones, pues el fortalecimiento de las organizaciones será la prioridad.

“Estamos firmes, están las estructuras organizativas firmes y esas son las bases desde donde vamos a partir”, indicó al referirse a intentos de dividir o de fraccionar las estructuras sociales del movimiento indígena. Las juntas de agua, las organizaciones de los jóvenes y de las mujeres serán las bases desde donde va a fortalecer las estructuras de las regiones y con ello lograr vigorizar a la Conaie, asegura.

La presidencia, sostiene, la asume decidido a retomar fuerzas de lo que se hizo en 1990 (levantamiento indígena), que para eso existe un compromiso y la decisión firme de las regiones para avanzar con el trabajo de la unidad en el marco del proyecto político que ha planteado la Conaie y para exigir los derechos como consta en la Constitución, al puntualizar que el Estado Plurinacional se construirá desde las bases.

A más de esta elección, en el congreso la Conaie resolvió “ir hacia una movilización nacional por la vida, en defensa de sus territorios; para exigir que los resultados de la consulta prelegislativa de la Ley de Agua sean vinculantes; para rechazar el alza del costo del gas de uso doméstico, la criminalización de la lucha social; la persecución política; el TLC con la UE y la expansión del extractivismo”, que según la asambleísta Lourdes Tibán (Pachakutik) no se ha definido una fecha, que será la dirigencia la que determine cuándo.

Otras resoluciones fueron mantener la independencia política frente a los gobiernos; solidaridad y respaldo a los criminalizados por la protesta social en zonas de conflicto como Javier Ramírez, de Intag, para quien exigen su inmediata libertad; también por lo que llaman persecución a Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, para quienes exigen respeto a las medidas cautelares de la CIDH. Y se resolvió rechazar lo que consideran hostigamiento y allanamiento al pueblo sarayacu.