Se trata de los casos abiertos por los daños en el canal público EcuadorTV, por una supuesta incitación a la rebelión por la que está procesado Fidel Araujo, y por presunto sabotaje y terrorismo en el que se acusa a Mery Zamora.
Todos los juicios serán conocidos y tramitados por la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El 16 mayo pasado, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia de cuatro años de cárcel en contra de seis presuntos implicados en la destrucción de bienes de Ecuador TV. Seis días después, el jueves anterior, otro tribunal de esa sala ratificó la sentencia de tres años de prisión para Araujo.
Los abogados de todos los acusados buscarán en la Corte la última opción para que se los absuelva. El caso de Zamora, en cambio, ya reposa en la CNJ y para mañana está prevista la audiencia para resolver el recurso de casación interpuesto por su defensa.
Ella fue condenada a 8 años de reclusión por sabotaje y terrorismo, por supuestamente haber incitado a los estudiantes del Colegio Aguirre Abad, en Guayaquil, a salir a las calles el día que ocurrió la revuelta policial. El caso, que se inició en el 2010, caminó lentamente hasta junio pasado, cuando se la halló culpable en primera instancia.
Juan Vizueta, abogado de la expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), cree que no es una coincidencia el hecho de que los procesos con más “carga política” avancen más rápido que otros.
“Lo que estamos observando en las últimas semanas es la prueba de una falta de independencia judicial, sobre todo en los casos del 30-S”, señaló. El jurista destacó que no hay hasta el momento detenidos por cuatro de las cinco muertes el día de la revuelta. Solamente en el caso de Juan Pablo Bolaños hay ya un sentenciado; sin embargo, las muertes de Froilán Jiménez, Edwin Carcelén, Darwin Panchi y Jacinto Cortez continúan sin que existan nuevos indicios por más de tres año.
La Fiscalía pidió que, para avanzar con estas investigaciones, se desclasifiquen documentos de las Fuerzas Armadas sobre el operativo de rescate del presidente Rafael Correa desde el Hospital de la Policía, pero no se han hecho públicos los resultados.
El 10 de junio próximo, la comisión del Ejecutivo encargada de investigar la revuelta policial debe entregar su informe final. De acuerdo con información de esa comisión, publicada en El Telégrafo, desde el 2010 se ha sentenciado en total a 91 personas de 452 imputados en las 57 causas penales. Más de 500 reuniones de trabajo, 20 000 fojas y 300 piezas audiovisuales estarían incluidas en el informe, según dijo en ese periódico Carlos Baca, presidente de la comisión. Entre las estadísticas de los procesos aparece Fidel Araujo.
Su abogado, Reinaldo Zambrano, cuenta que el trámite de la causa ha transcurrido rápidamente desde que se lo sentenció a tres años de reclusión, en febrero. Tres meses después, la Corte ya desechaba la apelación. “Esto está caminando rápido y todos van a ser condenados en el menor tiempo posible. Aquí parece que se están respetando todos los dictámenes que hace la Fiscalía en el caso 30-S y que los abogados defensores no hacemos absolutamente nada”, asegura. Pero Caupolicán Ochoa, abogado del Ministerio de Justicia en el caso de Araujo, cree lo contrario.
A su criterio, los juicios avanzan a su ritmo y de acuerdo con la justicia, aunque señala que no conoce a detalle cada uno de los casos. Otros procesos también avanzan, tras años de estancamiento, aunque a menor ritmo. Para la siguiente semana está prevista la audiencia de llamamiento a juicio y sustentación de dictamen contra 225 acusados de haberse tomado la pista del aeropuerto Mariscal Sucre el día de la revuelta.
En esa diligencia se informará cuántos uniformados serán juzgados por el delito de rebelión. Policías y miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) están involucrados en esa causa. Se prevé que la audiencia se realice en la Casa de Justicia de Carcelén. Un juicio relacionado a este caso ya concluyó.
El capitán Marco Zúñiga fue acusado de rebelión por brindar una entrevista el día de la revuelta policial en las afueras del aeropuerto de Quito. El martes pasado, la Corte Nacional conoció el caso y ratificó la sentencia que lo hallaba culpable del delito, aunque rebajó la pena de 4 a 3 años de reclusión.
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