“Desde mayo del 2014 empezó la constatación del combustible, cilindros de GLP y vehículos que se encontraban por el presunto delito de hidrocarburos en las instalaciones de la Subzona Carchi de la Policía Judicial (PJ)”, explicó Milton Zárate, jefe nacional de la PJ.
Las evidencias habían permanecido desde el año 2008 en los patios de la Policía Judicial de Tulcán y San Gabriel, ciudades del norte andino ecuatoriano, hasta su entrega a la Empresa Pública Petroecuador por parte de la Policía Judicial del Carchi.
Zárate explicó que el traslado de personal y material logístico necesario para el intercambio, corrió por cuenta de la Empresa Pública Petroecuador en coordinación con la Fiscalía y la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos (UIDEH) de la Policía Nacional.
Para el transporte de los combustibles fueron necesarias dos camas bajas para traslado de vehículos, un camión para cilindros de GLP, una piscina de medición, un transporte de dos mil galones de capacidad para absorsión de combustible y dos tanqueros de 24 mil 498 litros de capacidad, que proveyó Petroecuador EP.
La entrega se llevó a cabo de conformidad con el artículo 367.7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal, que dicta que “Una vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de los hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles, solicitará al juez la entrega de estos a Petrocomercial a efectos de que ésta le dé el uso conveniente a los intereses del Estado”.
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