La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la
semana pasada la selección del abogado y periodista uruguayo Édison
Lanza como nuevo relator especial para la libertad de expresión.
Él reemplazará a la colombiana Catalina Botero, cuya gestión ha sido muy criticada por gobiernos progresistas de América Latina, por seguir intereses de potencias extranjeras y ONG.
“Lanza será designado por un período de 3 años, renovable una vez, y asumirá el cargo el 6 de octubre de 2014”, señaló la CIDH en un comunicado. Esta es la única relatoría del organismo que cuenta con la categoría de “especial” y recibe financiamiento de entidades públicas y privadas extrarregionales.
El abogado uruguayo estará a la cabeza de esta unidad de la Comisión, en teoría dedicada a evaluar los casos individuales y advertir sobre las situaciones que afectan la libertad de pensamiento y expresión en el continente americano.
Lanza egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay) en 1997 y posee un posgrado sobre Libertad de Expresión y Ley Penal por la Universidad de la República.
Actualmente realiza un doctorado relacionado a los procesos de regulación de medios audiovisuales en la Región, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La Comisión tomó en cuenta la experiencia de Lanza, que ha fundado varias organizaciones no gubernamentales de defensa a la libertad de expresión y ha redactado diversos proyectos legales en la materia a nivel nacional y regional, así también ha respaldado varias organizaciones de la sociedad civil.
En su país fue designado como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN). Trabajó como comunicador social, profesor y abogado del sindicato de periodistas, cuyo nombre es Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Actualmente es director de la ONG Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). También es integrante del Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, desde 2010.
Ha sido consultor en el tema de libertad de expresión, de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la propia CIDH y gobiernos como el de Uruguay y El Salvador.
Igualmente ha representado a víctimas en casos de derechos humanos como el periodista Carlo Dogliani (acusado de lesionar el honor de un funcionario), y el también comunicador David Rabinovich en Uruguay.
En este último país fue contratado por la Asamblea Legislativa para el desarrollo de un proyecto de ley que garantice el ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta, en febrero de 2013.
En Uruguay abogó por la despenalización de los delitos de comunicación, difamación, injurias y desacato en el marco legal del país.
Fue parte del grupo de expertos convocado por la OEA en el proceso de redacción de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y fue designado por el Poder Ejecutivo de Uruguay para integrar el Comité Técnico Consultivo, que elaboró las bases del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del país.
Se lo considera de ideología liberal. En 2012 trabajó para el Banco Mundial (BM) en el desarrollo de un Mecanismo de Evaluación de los Sistemas de Acceso a la Información de la Región.
En cuanto a la labor periodística escribió en el semanario Búsqueda, el mismo medio en el cual trabaja Claudio Paolillo, actual director regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El semanario está presidido por Daniel Arbilla, expresidente de la SIP y exsecretario de la dictadura militar de Uruguay, acusada de cometer delitos de lesa humanidad.
Arbilla escribe artículos de opinión en los periódicos del Grupo de Diarios de América (GDA).
Datos
La Comisión destacó la labor de Catalina Botero, quien continuará en sus funciones hasta el 6 de octubre, cuando vence su segundo mandato de tres años. La colombiana aseguró la semana pasada que Ecuador tiene leyes que restringen la libertad de expresión.
Dentro de sus actividades académicas, Édison Lanza fue profesor de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. También enseñó en la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Uruguay.
Ecuador promueve una reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para que todas las relatorías tengan la misma importancia. Actualmente solo la dedicada a la libertad de expresión tiene el carácter de especial y goza de más presupuesto por donaciones.
Él reemplazará a la colombiana Catalina Botero, cuya gestión ha sido muy criticada por gobiernos progresistas de América Latina, por seguir intereses de potencias extranjeras y ONG.
“Lanza será designado por un período de 3 años, renovable una vez, y asumirá el cargo el 6 de octubre de 2014”, señaló la CIDH en un comunicado. Esta es la única relatoría del organismo que cuenta con la categoría de “especial” y recibe financiamiento de entidades públicas y privadas extrarregionales.
El abogado uruguayo estará a la cabeza de esta unidad de la Comisión, en teoría dedicada a evaluar los casos individuales y advertir sobre las situaciones que afectan la libertad de pensamiento y expresión en el continente americano.
Lanza egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay) en 1997 y posee un posgrado sobre Libertad de Expresión y Ley Penal por la Universidad de la República.
Actualmente realiza un doctorado relacionado a los procesos de regulación de medios audiovisuales en la Región, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La Comisión tomó en cuenta la experiencia de Lanza, que ha fundado varias organizaciones no gubernamentales de defensa a la libertad de expresión y ha redactado diversos proyectos legales en la materia a nivel nacional y regional, así también ha respaldado varias organizaciones de la sociedad civil.
En su país fue designado como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN). Trabajó como comunicador social, profesor y abogado del sindicato de periodistas, cuyo nombre es Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Actualmente es director de la ONG Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). También es integrante del Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, desde 2010.
Ha sido consultor en el tema de libertad de expresión, de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la propia CIDH y gobiernos como el de Uruguay y El Salvador.
Igualmente ha representado a víctimas en casos de derechos humanos como el periodista Carlo Dogliani (acusado de lesionar el honor de un funcionario), y el también comunicador David Rabinovich en Uruguay.
En este último país fue contratado por la Asamblea Legislativa para el desarrollo de un proyecto de ley que garantice el ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta, en febrero de 2013.
En Uruguay abogó por la despenalización de los delitos de comunicación, difamación, injurias y desacato en el marco legal del país.
Fue parte del grupo de expertos convocado por la OEA en el proceso de redacción de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y fue designado por el Poder Ejecutivo de Uruguay para integrar el Comité Técnico Consultivo, que elaboró las bases del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del país.
Se lo considera de ideología liberal. En 2012 trabajó para el Banco Mundial (BM) en el desarrollo de un Mecanismo de Evaluación de los Sistemas de Acceso a la Información de la Región.
En cuanto a la labor periodística escribió en el semanario Búsqueda, el mismo medio en el cual trabaja Claudio Paolillo, actual director regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El semanario está presidido por Daniel Arbilla, expresidente de la SIP y exsecretario de la dictadura militar de Uruguay, acusada de cometer delitos de lesa humanidad.
Arbilla escribe artículos de opinión en los periódicos del Grupo de Diarios de América (GDA).
Datos
La Comisión destacó la labor de Catalina Botero, quien continuará en sus funciones hasta el 6 de octubre, cuando vence su segundo mandato de tres años. La colombiana aseguró la semana pasada que Ecuador tiene leyes que restringen la libertad de expresión.
Dentro de sus actividades académicas, Édison Lanza fue profesor de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. También enseñó en la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Uruguay.
Ecuador promueve una reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para que todas las relatorías tengan la misma importancia. Actualmente solo la dedicada a la libertad de expresión tiene el carácter de especial y goza de más presupuesto por donaciones.
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