La decisión de la Asamblea de tipificar el homicidio culposo por mala
práctica profesional en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) desató
ayer una protesta de los médicos del hospital Pablo Arturo Suárez, que pertenece
a la red de centros de salud públicos.
Un grupo de 200 médicos (150 con nombramiento y 50 con contratos) redactó renuncias irrevocables de todo el personal para presentarlas a la gerencia del hospital una vez que entre en vigencia el COIP.
Durante la mañana suspendieron la atención momentáneamente mientras estaban reunidos, según dijeron algunos pacientes. Pero los médicos afirmaron que el servicio se dio con normalidad.
El cirujano Diego Andrade, que lleva más de tres décadas trabajando en esta casa de salud, afirmó que “esta es una medida desesperada porque al médico no se le incluya en el nuevo Código Penal (...). No vamos a poder ejercer la medicina y por eso nos vemos en la penosa situación de abandonar nuestra profesión y dejar los hospitales porque no podemos trabajar con tranquilidad”.
“Ir presos”, “ser tratados como delincuentes” y “una lluvia de juicios” son las principales repercusiones que dicen temer los médicos con la aprobación del Código. El artículo cuestionado plantea una pena privativa de libertad de tres a cinco años para quien ocasionare la muerte de otra persona en la práctica de su profesión y la suspensión de su licencia.
Los galenos recibieron el apoyo de las 165 enfermeras del hospital. También los estudiantes de Medicina y residentes de la Universidad Central se sumaron a este reclamo.
Luego de dos reuniones, los profesionales de la salud divulgaron un manifiesto en el que afirmaron que “adoptaron una medida en defensa de los pacientes, quienes serán perjudicados por esta ley punitiva y castigadora”.
El Colegio de Médicos de Santo Domingo de los Tsáchilas, que aglutina a 150 profesionales, también se declaró en sesión permanente para decidir respecto a posibles renuncias en el hospital Gustavo Domínguez y el Centro Ambulatorio del Instituto de Seguridad Social (IESS). “No estamos de acuerdo con este Código Penal, porque criminaliza nuestra práctica médica”, dijo Armando Vilca, presidente del gremio.
Tras los incidentes, el viceministro de Salud, Miguel Malo, señaló que la institución está abierta al diálogo con médicos y enfermeras del país.
“El nuevo Código Penal desarrolla la valoración de la responsabilidad de la práctica profesional, pero no incorpora un nuevo delito. En todo caso, el proceso legislativo no está concluido y en ese contexto el Ministerio de Salud y el Gobierno han estado analizando acuciosamente el alcance de este nuevo texto”, indicó.
Malo señaló que tanto su derecho al trabajo como la atención a la ciudadanía están garantizados: “Conocemos del nivel de profesionalismo de nuestros médicos y otros profesionales de la salud así como de la credibilidad que tienen en la ciudadanía. Los casos de mala práctica son excepcionales y escasos frente a las miles de atenciones prestadas con excelencia y mística”.
Un grupo de 200 médicos (150 con nombramiento y 50 con contratos) redactó renuncias irrevocables de todo el personal para presentarlas a la gerencia del hospital una vez que entre en vigencia el COIP.
Durante la mañana suspendieron la atención momentáneamente mientras estaban reunidos, según dijeron algunos pacientes. Pero los médicos afirmaron que el servicio se dio con normalidad.
El cirujano Diego Andrade, que lleva más de tres décadas trabajando en esta casa de salud, afirmó que “esta es una medida desesperada porque al médico no se le incluya en el nuevo Código Penal (...). No vamos a poder ejercer la medicina y por eso nos vemos en la penosa situación de abandonar nuestra profesión y dejar los hospitales porque no podemos trabajar con tranquilidad”.
“Ir presos”, “ser tratados como delincuentes” y “una lluvia de juicios” son las principales repercusiones que dicen temer los médicos con la aprobación del Código. El artículo cuestionado plantea una pena privativa de libertad de tres a cinco años para quien ocasionare la muerte de otra persona en la práctica de su profesión y la suspensión de su licencia.
Los galenos recibieron el apoyo de las 165 enfermeras del hospital. También los estudiantes de Medicina y residentes de la Universidad Central se sumaron a este reclamo.
Luego de dos reuniones, los profesionales de la salud divulgaron un manifiesto en el que afirmaron que “adoptaron una medida en defensa de los pacientes, quienes serán perjudicados por esta ley punitiva y castigadora”.
El Colegio de Médicos de Santo Domingo de los Tsáchilas, que aglutina a 150 profesionales, también se declaró en sesión permanente para decidir respecto a posibles renuncias en el hospital Gustavo Domínguez y el Centro Ambulatorio del Instituto de Seguridad Social (IESS). “No estamos de acuerdo con este Código Penal, porque criminaliza nuestra práctica médica”, dijo Armando Vilca, presidente del gremio.
Tras los incidentes, el viceministro de Salud, Miguel Malo, señaló que la institución está abierta al diálogo con médicos y enfermeras del país.
“El nuevo Código Penal desarrolla la valoración de la responsabilidad de la práctica profesional, pero no incorpora un nuevo delito. En todo caso, el proceso legislativo no está concluido y en ese contexto el Ministerio de Salud y el Gobierno han estado analizando acuciosamente el alcance de este nuevo texto”, indicó.
Malo señaló que tanto su derecho al trabajo como la atención a la ciudadanía están garantizados: “Conocemos del nivel de profesionalismo de nuestros médicos y otros profesionales de la salud así como de la credibilidad que tienen en la ciudadanía. Los casos de mala práctica son excepcionales y escasos frente a las miles de atenciones prestadas con excelencia y mística”.
Estamos estudiando Medicina para salvar vidas, pero nos ponen dentro de un Código en el que nos comparan con ladrones y narcotraficantes, ¿puede ser posible?”.
Jacqueline Olmedo
Estudiante
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