COMISIÓN INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Una vez que la Comisión Interventora del Consejo de Educación Superior (CES) entró a trabajar a la Universidad de Guayaquil, las autoridades académicas deberán tener el aval del interventor principal, Jorge Kalil, para los procesos de contratación a gran escala o decisiones que afecten el funcionamiento de la institución.

Ese es uno de los aspectos que involucra la intervención que el CES ejecuta en la Universidad Estatal, tras detectar presuntas irregularidades administrativas y financieras. Ese proceso durará un año, aunque puede extenderse a dos.

Enrique Santos, miembro académico de CES, explicó que las autoridades de la Universidad seguirán en sus cargos, pero precisó que el equipo interventor se encargará de revisar algunos procesos fundamentales en el ámbito financiero, de compras públicas y otras decisiones que deben tener el “visto bueno” de los interventores.

“La idea es que las decisiones grandes sean tomadas conjuntamente, ese es el concepto que estamos manejando”, señaló Santos, quien agregó que el interventor principal deberá conocer periódicamente los flujos de compra que haga la Universidad.

Durante estos primeros quince días, los interventores se encargarán de pulir el diagnóstico de la situación global de la Universidad y preparar una propuesta de trabajo. En esta etapa no se removerá a funcionarios, salvo que haya causales que determinen su participación en actos irregulares.

El Gobierno anunció que se invertirían $ 41 millones en equipamiento y modernización de la Universidad. Sobre esa inversión, Santos indicó que eso se irá desembolsando conforme a un plan de gastos detallados que tiene que elaborar la Comisión Interventora.

José Apolo, rector encargado de la Universidad, indicó que hay sectores prioritarios en los que la distribución del presupuesto debe enfocarse.

“La distribución de fondos será analizada justamente con ellos (Comisión Interventora). Irán los fondos adonde más se necesitan”, explicó el funcionario, mientras un grupo de trabajadores y jubilados pedía su renuncia y la de otros directivos en el exterior del rectorado.

Fernando Abad, decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, consideró que el impulso económico del Gobierno no será suficiente para cubrir las necesidades tecnológicas con las que cuenta la institución.

“Para nosotros, tener un laboratorio con herramientas hidráulicas necesitamos cerca de diez millones”, acotó.

Procesos: Anuncios
Suspensión
José Apolo y Oswaldo Pacheco, rector (e) y vicerrector general, anunciaron que se suprimirán varias carreras universitarias.

Acreditación
Apolo considera que el proceso de acreditación de la universidad debe quedar en un segundo plano.