Hoy, cuatro meses después, los efectos de esas disposiciones generan inconvenientes, ya que el universo de beneficiarios se recortará, debido a que los porcentajes de discapacidad se incrementaron y muchas personas quedarán sin acceso a estas oportunidades.
Al interior del Servicio de Rentas Internas (SRI), el mecanismo de beneficios tributarios (exoneración del Impuesto a la Renta y devolución del Impuesto al Valor Agregado) continúa afinándose.
En el caso del IVA, de las aproximadamente 362 000 personas -según cifras del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis)-, quienes registraban una discapacidad del 30% podían pedir la devolución. Con esta norma, que elevó el techo al 40%, se restringe el acceso a un número de personas que en estos momentos la autoridad tributaria se encuentra evaluando.
Aunque, el Conadis ha estimado que alrededor de 25 000 personas se encuentran en el rango que está entre el 30 y 40% de discapacidad y que posiblemente ya no perciban estos beneficios tributarios.
Esto aplica también para la exoneración del Impuesto a la Renta, algo que empezará a regir desde el próximo año, ya que el ejercicio fiscal actual ya se cumplió. Por ello, hasta el próximo 15 de enero, la persona deberá entregar a su empleador el certificado que acredite su porcentaje de discapacidad.
En materia laboral, la situación es similar. La legislación establece que las personas que tengan del 30 al 39% únicamente podrán acceder a un empleo en las empresas que tengan más de 25 empleados. Por esa razón, hay menos probabilidades de acceso laboral de este grupo de 25 000 personas.
Conforme han señalado las autoridades del ramo, la razón es que las personas con menor porcentaje de discapacidad tienen mayor posibilidad de reinsertarse laboralmente, mientras que las de mayor grado deben ser más protegidos.
Adicionalmente, el reglamento suspende la entrega del bono Joaquín Gallegos para los sustitutos que no cumplan con la obligación de cuidar a la persona con discapacidad.
Estos meses, las instituciones cruzan la información para establecer el nuevo mapa de discapacidades en el país.
El cálculo del porcentaje de discapacidad no es una tarea sencilla. En el Ministerio de Salud hay una tabla en la que se basan los profesionales para ubicar a las personas examinadas. Pero esta depende del criterio de un equipo de médicos que no solo evalúa la discapacidad física sino también emocional, cerebral y psicológica.
Es decir, cuando una persona tiene una discapacidad visual, por ejemplo, es evaluado por un especialista que le otorga un porcentaje; pero, además, la revisa un psicólogo para saber cuán afectada está la persona por su limitación. Según esto, el porcentaje va aumentando.
Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 5,6% de la población ecuatoriana tiene algún tipo de discapacidad. Aunque un estudio del Conadis señala que el 12,1% tiene algún tipo de discapacidad.
Dos testimonios...
Juan Carlos Santa Cruz tiene insuficiencia renal crónica. La adquirió hace 15 años y, tras una evaluación médica del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis), calificó su discapacidad en un 70%.
Producto de su discapacidad, Santa Cruz sufrió una caída hace tres años y se fracturó los tendones rotulianos de su rodilla izquierda. Al contar con el carné del Conadis, en el 2013 se acogió al art. 23 del entonces Reglamento de la Ley de Discapacidades para importar un automóvil. Anteriormente, cualquier persona que tenía el 30% o más de discapacidad se beneficiaba del descuento de impuestos al momento de adquirir un automotor.
Santa Cruz importó desde Estados Unidos un Ford Escape semiautomático, que en el mercado nacional cuesta alrededor de USD 40 000. Adquirió el automotor libre de impuestos en USD 26 000.
Otro de los beneficios que ha logrado ha sido viajar dentro del país pagando el 50% menos en pasajes aéreos. El año pasado viajó a Jamaica accediendo a un descuento del 30% en pasajes internacionales con el documento del Conadis.
Por su parte, Enrique Calahorrano sufrió un accidente en su moto en el 2012 cuando viajaba transportando correos al centro de la ciudad. El impacto con un bus le llevó a estrellarse con el puente peatonal de la av. Napo (sur de Quito) y perdió la mitad de su brazo derecho.
En ese mismo año, Calahorrano accedió al documento del Conadis, en el cual la institución calificó su discapacidad en un 35% e importó una prótesis proveniente de Canadá con un costo de USD 1 000.
Calahorrano dejó su trabajo de mensajero y ahora trabaja como comerciante. Por su condición económica le es difícil importar un automóvil, pese a que no pagaría impuestos. Sin embargo, ha recibido atención médica gratuita y medicamentos a menor costo para él y su familia. Ahora su mayor preocupación es perder estos beneficios en caso de que el Ministerio de Salud recalifique su porcentaje de discapacidad.
Precisamente esta es la preocupación de Calahorrano, salir de las exoneraciones, especialmente en medicina, que es uno de los beneficios a los cuales más ha accedido.
Punto de vista
'Hemos retrocedido al pasado'
María Cristina Kronfle, Asambleísta
Hay errores injustificados en el Reglamento. El subir el porcentaje de calificación implica dejar a las personas con discapacidad desprotegidas, sin derechos a la salud, sin créditos para la vivienda, sin derechos a medicamentos, insumos, ayudas técnicas, derecho a créditos preferentes, derecho a la jubilación especial, rebaja en servicios básicos…
Exigimos que se reforme el Reglamento y se respete los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Constitución que señala que no se puede menoscabar, eliminar o anular los derechos humanos sin justificación, como lo que está sucediendo con la recalificación del 40%.
Las personas con discapacidad durante muchos años hemos sido invisibilizadas y poco a poco hemos logrado que se respeten nuestros derechos. Sin embargo, con la recalificación se retrocede hacia el pasado.
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