Más de un año después, la Corte Constitucional (CC) se apresta a emitir la sentencia en esa causa, que incluye dos demandas adicionales que argumentan la inconstitucionalidad de la ley de medios.
Ayer se instaló la sesión del Pleno en la cual se analizó el tema, sin embargo fue suspendida sin una resolución tras más de seis horas de debate.
Durante el tiempo de vigencia de esta ley, se ha venido aplicando sin problemas, pero en medio de críticas nacionales e internacionales.
Organismos como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por las consecuencias que esta ley puede tener en la libertad de prensa y el derecho a la información.
De su lado, la institucionalidad del Consejo de Regulación (Cordicom) y de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), entidades creadas en la Ley de Comunicación, estaría ya completa, según aseguran sus titulares.
Las primeras multas contra los medios llegaron en los primeros meses de la Supercom, que hasta junio pasado emitió 25 resoluciones sancionatorias en contra de medios. Entre ellas se incluye la del caricaturista ‘Bonil’, quien fue obligado a rectificar un gráfico.
El Cordicom también ha avanzado en sus tareas, como el proceso de profesionalización de los trabajadores de los medios de comunicación.
Este tipo de acciones son las que se buscó impedir con una petición de medidas cautelares contra la normativa, que la CC desechó en julio del 2013. Un grupo de cerca de 60 personas, periodistas y activistas encabezados por Diego Cornejo, titular de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), planteó esa solicitud junto con la demanda de inconstitucionalidad.
“Pedíamos que se suspendiera la ley y eso implicaba suspender la operación de la Supercom. Nuestro argumento es que la norma es regresiva, es decir que afecta derechos fundamentales y los conceptos democráticos”, señala Cornejo.
Ahora, a puertas a la resolución del Pleno sobre la constitucionalidad de la Ley de Comunicación, los demandantes no albergan mayores expectativas de que se declare la inconstitucionalidad de la normativa completa.
El asambleísta Torres espera que el fallo de la Corte, al menos, no ratifique la ley en su totalidad. “Eso sería una vergüenza. La CC tiene que cuidar las formas”, asegura.
Él señala que en todo caso la sentencia debe ayudar a interpretar ciertos temas que -a su criterio- no estarían bien determinados en la ley, como el de la comunicación como servicio público, que está en la propuesta de enmiendas constitucionales que impulsa el oficialismo.
El proyecto de sentencia fue elaborado por la jueza María del Carmen Maldonado y consta de 280 hojas. Allí se incluyen las peticiones de las tres demandas y los ocho amicus curiae (terceros interesados) que se presentaron en la causa.
“El análisis ha sido profundo”, señaló ayer la magistrada durante una breve rueda de prensa. La sesión del Pleno se desarrolló a puerta cerrada y los avances son reservados hasta que haya una sentencia.
El presidente de la CC, Patricio Pazmiño, no estuvo presente en la sesión de ayer, pues se encontraba de viaje con el presidente Rafael Correa en Guatemala. Ayer por la tarde, durante un evento en el IAEN, aseguró que no tiene conocimiento sobre la propuesta de la jueza Maldonado, pero señaló que convocará al Pleno para la próxima semana nuevamente, en donde espera que se pueda finalizar el tratamiento de las demandas.
125 Trámites recibió la Superintendencia hasta junio pasado. 90
Denuncias fueron presentadas en el mismo período a la Supercom. 25
Resoluciones de sanción fueron emitidas contra medios.
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