FINALIZO PLAZO PARA LAS UNIVERSIDADES, SE DEBERÍA CONOCER LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.

Finalizó el conteo regresivo. Hoy se cumple el plazo para saber cuáles y cuántas universidades del país y, en general, las instituciones del sistema de educación superior, continúan en el sistema o serán separadas.Así lo determina la disposición transitoria Vigésima de la Constitución. La Carta Política fue aprobada por la Asamblea Constituyente en el 2008, ratificada en consulta popular y publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre de ese año. Esta disposición reza: "En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y posgrados, deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior". El mandato comprende a todas las universidades y escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades; institutos superiores técnicos y tecnológicos; pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, tanto públicos como privados.La tarea está a cargo del Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), creado con la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010.Este reemplazó al antiguo Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea), que en el 2009 evaluó a las universidades del país y, sobre esa base, las ubicó en 5 categorías.El Gobierno central ha reiterado su objetivo de establecer un antes y un después en la educación superior del país. La evaluación y acreditación de la calidad de las instituciones es uno de los medios que ha impulsado para concretarlo.El Ceaaces elaboró un modelo de 46 indicadores sobre cinco áreas: academia, eficiencia académica, investigación, organización e infraestructura.Entre otras cosas, midió el número de profesores a tiempo completo y parcial, con título de maestría y PhD o en proceso de obtenerlos; espacios físicos para docentes, tiempo promedio que tardan los alumnos para graduarse y titularse; actividades de vinculación con la comunidad; investigación y sus derivados como la producción científica y la publicación de libros o artículos en revistas indexadas; y políticas específicas para evitar la discriminación.Todo ello aparte de aspectos obvios como infraestructura, equipamiento, acceso a Internet y bibliotecas virtuales.Según el proceso, las entidades presentaban un informe o autoevaluación de cómo estaban en cada uno de esos indicadores, lo que luego debía ser verificado por una visita de peritos del organismo evaluador.Sobre esa base, estos presentaban los resultados y las instituciones podían aceptarlos o solicitar rectificaciones, según estimaran sus directivos.Autoridades de entidades locales como la Universidad de Guayaquil, Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), se muestran optimistas y expresan su confianza en que obtendrán la acreditación. No obstante, Carlos Ortega, rector de la UEES, aclara que el Ceaaces solo ha realizado la evaluación institucional, pero no de las carreras y programas. En tanto, Sergio Flores, rector de la Espol, espera que una vez que culmine el proceso, las universidades públicas que aprueben puedan tener una mayor autonomía financiera. La universidad local. Desde el año pasado, la Universidad de Guayaquil vive en una doble expectativa: conseguir la acreditación o recibir la intervención. Mientras por una parte trata de cumplir con las exigencias del modelo de evaluación del Ceaaces; por otro procura desvirtuar las denuncias de supuestas irregularidades académicas y administrativas, recogidas por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Este organismo presentó en diciembre pasado más de 300 denuncias de estudiantes, la mayoría por cobros indebidos, dada la vigencia de la gratuidad de la educación superior. Ante ello, el Consejo de Educación Superior (CES) abrió una investigación contra la institución y ha citado en varias oportunidades a las autoridades y directivos de la Universidad, para escuchar sus versiones o para que presenten las pruebas de descargo. Pese a ello, en la entidad consideran que la intervención de la Universidad es inminente.En ese contexto, la expectativa es doble por conocer sobre qué tema habrá primero una decisión: por la acreditación o por la intervención.