LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y SU DEVALUACIÓN

De entrada, el 2013 comenzó con una especie de espada de Damocles sobre la Universidad de Guayaquil. En julio del 2012, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) advirtió que indagaba denuncias de supuestas irregularidades relacionadas con cobros indebidos.En octubre, informó de que sumaba más de 300 quejas sustentadas por incumplimiento de la gratuidad de la educación. Ante ello, recomendó al Consejo de Educación Superior (CES), que iniciara un proceso administrativo contra la universidad, lo que podía derivar en multas o en intervención.En ese contexto, entre los últimos días del 2012 y los primeros del 2013, el rector de la institución, Carlos Cedeño, reemplazó a un grupo de decanos, invocando las facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Educación Superior.Entre ellos, a dos de los decanos más antiguos y de las facultades más grandes: Francisco Morán, de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; y Carlos San Andrés, de Ciencias Administrativas.Ambas eran también las dos unidades académicas que concentraban la mayor cantidad de denuncias de cobros indebidos. Supuestos casos de nepotismo, de anomalías académicas, administrativas y legales, completaban el cuadro de denuncias que investigaba una comisión del CES. Por ello, cuando en abril del 2013 ese organismo anunció una sesión en Guayaquil y un posterior informe sobre la Universidad, la comunidad pensó que se trataba de la esperada intervención.Al final, el CES anunció una multa de 95.400 dólares a la institución por violar el principio de la gratuidad; y le ordenó devolver a los estudiantes los valores.Como consecuencia de ello, en los días y semanas siguientes, volvieron las largas filas a la Universidad, aunque esta vez para tramitar la devolución de los dineros. Sin embargo, además de la demora en el cumplimiento de la disposición, la comprobación de otras denuncias de tipo académico y administrativa llevaron al CES a resolver la intervención de la universidad, el 23 de octubre.El organismo adujo haber confirmado la existencia de al menos una docena de hechos o irregularidades de distinto tipo.La medida, lejos de causar una reacción de rechazo, tuvo una acogida favorable, aparte de que se la daba por descontada y en reiteradas ocasiones se especuló con que ya se había resuelto.Además, al designar a la Comisión de Intervención, presidida por Jorge Kalil, el CES la llamó de "acompañamiento" a la institución, con el fin de fortalecerla a través de un Plan de Excelencia.Finalmente, el 27 de noviembre, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), al anunciar los resultados de la evaluación a las universidades del país, indicó que la de Guayaquil no había obtenido la acreditación y que, más aún, bajaba de la categoría B a la D.La resolución impactó en la comunidad y en la ciudad, que veía devaluado el prestigio académico de la institución, pero sin que esto generara actos de violencia.Las autoridades, encabezadas por Cedeño, anunciaron al día siguiente el rechazo a esa categorización y anunciaron una carta de inconformidad al Ceaaces.Sin embargo, esto no se dio. La Universidad conmemoró el 1 de diciembre sus 146 años de creación sin motivos para celebrar.Y el 12 de diciembre, en la Casona Universitaria, aplaudió el Plan de Excelencia presentado por el CES para recuperar su sitial.