En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, suspendida el viernes de la semana pasada, la jueza Lucy Blacio mencionó que los sindicados ejercieron cargos de dirección en unidades militares y ministeriales durante el gobierno de León Febres-Cordero, que implementó una política de persecución y eliminación sistemática de los grupos opositores que consideraba subversivos, por eso las altas esferas del Estado prepararon un plan tendiente a eliminar a los que consideraban “el enemigo interno” y montaron un aparato para destruir a grupos como Alfaro Vive Carajo, lo cual fue evidenciado por el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, quien presentó pruebas que hacen presumir la implicación de los procesados en esa clase de delitos tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Chiriboga: “Por primera vez en la historia del país se judicializa un caso de lesa humanidad”.
Por esos motivos, la magistrada resolvió dictar auto de llamamiento a juicio a los procesados: Luis P., exministro de Defensa; Jorge A., exministro de Defensa y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Marcelo D., exdirector de Inteligencia; Juan V., excomandante de la Escuela de Agrupamiento de Inteligencia Militar (AIM) de Conocoto; Mario A., exdirector del AIM; Nelson E., exjefe del Servicio de Inteligencia Quito (SIQ); Guillermo R., exdirector del SIQ; Fernando R., exmédico de la AIM.También, está llamado a juicio Édgar V., exjefe del SIC 10 y excomandante de Policía, que se encuentra en Estados Unidos. La magistrada dijo que se presume que él pertenecía a la cadena de mando y poder instalado en el país entre 1984 y 1988.
Proceso
Originalmente, Chiriboga sindicó a 14 personas en este caso, pero luego de la indagación previa decidió no acusar a 3 de ellos: M. L., E. M. y W. Ch; otro encausado falleció. Por tanto, en la resolución, la jueza dictó el sobreseimiento parcial de la causa y el definitivo del procesado J. C., exmilitar del Ejército.
Además, mantuvo las medidas cautelares de los acusados, por este motivo están prófugos el exgeneral Édgar V. y el excoronel del Ejército Fernando R., ya que sobre ellos pesan órdenes de prisión preventiva. Para los demás procesados se mantiene el arresto domiciliario y la prohibición de salir del país, con excepción del excoronel del Ejército Juan V., quien debe presentarse una vez a la semana hasta que el juicio concluya.
Resolución a sorteo de tribunal
Con esta resolución el proceso pasará a la Sala de Sorteos para la designación del tribunal penal de la CNJ, que se encargará de la etapa de juzgamiento, en la que se emitirá una sentencia.
El abogado Marcelo Dueñas, defensor de Édgar V., adelantó que presentará un recurso de nulidad a la resolución, lo cual dilatará el inicio del juicio hasta que se resuelva ese pedido.
La Fiscalía anunció que en la etapa de juicio convocará a unos 60 testigos, a fin de demostrar las violaciones a los derechos humanos y la autoría de los procesados en los delitos de lesa humanidad.
“De ninguna manera este es un proceso contra las Fuerzas Armadas, estamos enjuiciando a funcionarios que no cumplieron con sus funciones.
En este último día de audiencia no faltaron los familiares de los procesados que se colocaron en los exteriores del edificio de la Corte con carteles de protesta.
Antecedentes
Este caso se remonta a noviembre de 1985, cuando Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca fueron arrestados por militares en Esmeraldas, sin ninguna orden judicial.
Luego los tres ciudadanos fueron trasladados al ‘Batallón de Inteligencia Militar’, ubicado en Conocoto, Pichincha.
A pesar de que las autoridades negaban haberlos detenido, se corroboró que sí lo hicieron.
Cajas y Jarrín estuvieron arrestados 15 días, tiempo en el cual recibieron torturas físicas, psicológicas y sexuales. Luego fueron liberados, según consta en el expediente.
En la etapa de juicio la Fiscalía convocará a 60 testigos para evi- denciar las violacio- nes de DD.HH.
Luis Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante 3 años. Eliminaron su registro de filiación del Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.La Comisión de la Verdad, creada por el presidente Rafael Correa, inició una investigación de los hechos cometidos en la década del 80 y una vez finalizada entregó el caso a la Fiscalía.
La Dirección de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, a cargo de Fidel Jaramillo, emprendió el proceso por el delito de lesa humanidad que ayer pasó a la etapa de juicio.
FISCALÍA DESTACA JUDICIALIZACIÓN DE ESTE DELITO
El artículo 7 del Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: Asesinato, Exterminio, Esclavitud, Deportación o traslado forzoso de población”.
Al respecto, al concluir la audiencia, el fiscal Galo Chiriboga manifestó que es una obligación en un Estado democrático defender los derechos humanos, por lo que este punto procesal representa un serio avance en la judicialización de delitos de “lesa humanidad”.
Y reiteró que para la Fiscalía estos procesos no buscan una venganza contra nadie, sino reparar el daño causado a las víctimas.
“Respetamos la decisión de la jueza. Resaltamos que cada día se va creando historia con respecto a los crímenes de lesa humanidad en Ecuador”, dijo Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía.
Estos juicios “no se llevan únicamente en contra de los perpetradores materiales, sino también en contra de quienes diseñaron, planificaron la manera de violentar derechos humanos contra la población civil”, sostuvo Jaramillo.
Susana Cajas al salir de la Corte se reunió con otros compañeros. Todos se colocaron pañuelos con el color de su desaparecido movimiento como una señal de triunfo judicial, por las torturas que vivieron. Ella estuvo presente en las cuatro audiencias de preparación de juicio.
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