Sin una campaña electoral en el mediano plazo y descartada una eventual consulta popular sobre el Yasuní, el oficialismo puede centrar su atención en la actividad parlamentaria. Los primeros resultados están a la vista.
Esta semana se terminó de aprobar, luego de cuatro años de un debate estancado, la Ley de Aguas. Y se anunció, para julio, el inicio de las discusiones en torno a la Ley de Tierras. Mientras tanto, ayer al mediodía, el Gobierno envió a la Asamblea, con el carácter de urgente, el proyecto deCódigo Monetario que deberá aprobarse en un mes. Por otro lado, la Asamblea, a partir de hoy, esperará a que la Corte Constitucional defina la ruta para impulsar su propuesta de enmiendas.
El Código Monetario se envió antes del partido El pasado martes, durante un conversatorio con medios de comunicación, un periodista le preguntó al ministro de Finanzas, Fausto Herrera, ¿cuándo se enviaría el proyecto del Código Monetario y Financiero a la Asamblea? A lo que él respondió, sonriendo, “en estos días”. Otro periodista, ironizando, replicó: “En medio del partido de mañana”. Todos, incluidas las autoridades económicas, rieron. Y ayer, en medio del nerviosismo por el último partido de la Selección de fútbol en el Mundial, el Ejecutivo envió a la Asamblea el proyecto con el carácter de económico urgente.
El documento, que consta de 516 artículos, 13 disposiciones generales, 37 disposiciones reformatorias, 31 derogatorias -entre leyes y decretos-, 35 disposiciones transitorias y tres disposiciones finales, tendrá un mes de plazo para su discusión y posible aprobación en la Comisión de Desarrollo Económico. Entre los aspectos principales del documento se resalta la creación de una Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera que será el órgano máximo de creación de las políticas públicas, la regulación y la supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera y de seguros y valores. Esta Junta estará conformada por los ministros responsables de la política económica.
Y, como parte de su campo de acción, está el definir los niveles de crédito de las instituciones del sistema financiero nacional, sus límites de crecimiento y las políticas de inversión. Adicionalmente, esta Junta podrá disponer que las divisas provenientes de operaciones que ella defina ingresen obligatoriamente al país. Con ello, el control al sistema financiero se hace más fuerte. El artículo 17 de este proyecto tiene que ver con la reserva que tendrá el trabajo de esta Junta y los actos de sus miembros, que tendrán fuero de Corte. En cuanto a la banca pública, se determina que el Banco del Afiliado (Biess) estará por 180 días a cargo de la Superintendencia de Bancos. Los miembros del Directorio serán cesados. En ese tiempo se trabajará en las reformas a la Ley del Biess.
La enmienda a la Carta Política arranca Hoy, a las 11:30, está previsto que la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, presente en la Corte Constitucional su propuesta de enmienda a una decena de temas la Carta Política vigente. De esta manera comienza el análisis jurídico para determinar si el proyecto del oficialismo puede ser únicamente tramitado por el Pleno legislativo (figura de la enmienda) o debe convocarse a una consulta popular (figura de la reforma constitucional). Si el tema de la reelección indefinida es el punto central de la agenda de cambios propuestos, esta deberá estar lista, máximo en febrero del 2016.
Es decir, un año antes de las próximas elecciones, por lo que los jueces constitucionales podrían dar a conocer su dictamen sobre el trámite que se debe seguir, hacia el últimos trimestre del años. Otros temas en la propuesta de enmienda de Alianza País tienen que ver con regular las acciones de protección (tutela o amparo) interpuestas por los ciudadanos, para evitar que su “abuso” genere complicaciones en la gestión pública. El presidente Rafael Correa habla de una posible ingobernabilidad, debido a estas acciones. Un segundo y tercer temas se refieren a los límites que tendrán los gobiernos locales para hacer consultas populares y para ejercer su competencia en temas de infraestructura en educación y salud. También, están dos cambios relacionados con las FF.AA.
Uno para que estas puedan apoyar en la “seguridad integral” del Estado y para que este, por otro lado, les garantice sus pensiones jubilares. La Contraloría es otra institución dentro del paquete de enmiendas. Solo controlará el uso de recursos públicos pero dejaría de evaluar la consecución de los objetivos trazados por las entidades públicas.
Hay unos ajustes sobre el alcance del Código del Trabajo para servidores y obreros públicos y quedará sin fecha la creación de las regiones del país. Finalmente, la Comunicación será concebida como un servicio público que deberán prestarlo los medios públicos, privados y comunitarios. De la Ley de Aguas a la Ley de Tierras La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, anunció que otra ley de importancia para los sectores indígenas y campesinos comenzará a ser tratada en julio. Se trata de la Ley de Tierras. Lo dijo ante partidarios que llegaron el martes hasta el Palacio Legislativo para celebrar la sanción parlamentaria a la Ley de Aguas, que, por mandato constitucional, debió ser aprobado un año después de la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi del 2008.
Tal como con la legislación aprobada antes de ayer, será la Comisión de Soberanía Alimentaria la encargada de elaborar los informes de este nuevo cuerpo legal, que ya ha tenido algunas discusiones y talleres. Para el oficialismo, según dijeron varios asambleístas luego de la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, el país se encamina hacia una verdadera “revolución agraria”. Y para ello, nada más importante que la aprobación de la de Aguas como primer paso para alcanzar ese objetivo. Sin embargo, para los sectores indígenas de la Conaie y de la oposición, la ley que espera la sanción presidencial para sustituir la vigente desde 1972, no incluye las propuestas fundamentales que se plantearon desde la consulta prelegislativa.
Allí comenzó un problema que fue el comienzo de un discusión sin salida. La Constitución dice que la consulta no es vinculante; en cambio, los indígenas se preguntaban para qué sirve una consulta si las propuestas no se tomarían en cuenta. Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, señala que se acogió todas las propuestas que respetaran el espíritu de la Constitución.
Al considerar el agua como recurso estratégico, la ley no solo impida su privatización, sino que también destina recursos para su preservación y recuperación. Sin embargo, como dijo Mónica Chuji a este Diario poco antes de la asamblea de la Conaie, en mayo, el tema del agua no se puede pensar sin el territorio. Así, la tierra será el gran tema que la Asamblea deberá legislar el próximo mes.
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