Reforma institucional del sector público costará $ 1.180 millones
Xavier
Reyes
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¿Despidos y acomodos en la burocracia o eficiencia de los servicios públicos?
Esta pregunta se ha presentado como un dilema casi desde los tiempos de “la
larga noche neoliberal”, cuando el Fondo Monetario (FMI) condicionaba sus
créditos a la austeridad y a la reducción del Estado, hasta los últimos
discursos de la Revolución Ciudadana, que hablan de la necesidad de tener
servicios públicos con “eficiencia, calidad y calidez”.
En ambos casos, aparentemente distantes, existen al menos dos temas en común: uno, la necesidad de cambiar un Estado que se vuelve pesado para el gobierno y demasiado caro para sus contribuyentes; y dos, la asesoría y presión de los organismos multilaterales.
Lucio Gutiérrez, por ejemplo, cumplió a medias las exigencias del FMI para que sea más austero (o menos dispendioso). Ahora, Rafael Correa lleva a cabo una reforma institucional de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que no se lo menciona en las intervenciones públicas, pero que es una prioridad en los ministerios de Finanzas (MEF) y de Relaciones Laborales, y en las secretarías de Planificación (Senplades) y de la Administración Pública.
Las cuatro instituciones –lideradas por el MEF– ejecutan dos proyectos claves. El primero es el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, vigente desde diciembre del 2011, y financiado con un préstamo del BID de $ 250 millones. El segundo corresponde al Programa de Mejoramiento de la Calidad de Servicios Públicos, suscrito a fines del 2013 y que conlleva un crédito de 270 millones de dólares, también del BID.
Estos programas buscan implantar un modelo de gestión de la burocracia eficiente, así como reducir el exceso de personal.
En el documento base para el segundo crédito, el BID señala que en el marco de las reestructuraciones llevadas a cabo desde el 2011 hasta mediados del 2013 fueron despedidos alrededor de 13.000 servidores públicos, a un costo de $ 522 millones, de los cuales el 36% fueron recursos del Banco.
Lo que buscan el BID y el Gobierno es reforzar al Instituto Nacional de la Meritocracia (INM) para que las vacantes sean llenadas por personas con formación ajustada al perfil del puesto. El proyecto inicial contempló elaborar los denominados Proyectos de Inversión de Reforma Institucional (PIRI) en los ministerios de Salud, Educación, Justicia y Finanzas.
Este Diario pidió una entrevista al MEF para conocer los avances de ambos proyectos, pero no hubo respuesta.
Según el BID, desde el primer crédito se han logrado resultados positivos: mejora en la calidad de servicios y “beneficios económicos superiores a los previstos debido a la mayor velocidad en la desvinculación de personal no necesario y los gastos operativos asociados a ello, llegando a generar un Valor Actual Neto de $ 181 millones”.
El costo de los dos créditos es, en conjunto, de $ 520 millones; sin embargo, el documento del BID revela que la reforma global del Estado costará $ 1.180 millones
En ambos casos, aparentemente distantes, existen al menos dos temas en común: uno, la necesidad de cambiar un Estado que se vuelve pesado para el gobierno y demasiado caro para sus contribuyentes; y dos, la asesoría y presión de los organismos multilaterales.
Lucio Gutiérrez, por ejemplo, cumplió a medias las exigencias del FMI para que sea más austero (o menos dispendioso). Ahora, Rafael Correa lleva a cabo una reforma institucional de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que no se lo menciona en las intervenciones públicas, pero que es una prioridad en los ministerios de Finanzas (MEF) y de Relaciones Laborales, y en las secretarías de Planificación (Senplades) y de la Administración Pública.
Las cuatro instituciones –lideradas por el MEF– ejecutan dos proyectos claves. El primero es el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, vigente desde diciembre del 2011, y financiado con un préstamo del BID de $ 250 millones. El segundo corresponde al Programa de Mejoramiento de la Calidad de Servicios Públicos, suscrito a fines del 2013 y que conlleva un crédito de 270 millones de dólares, también del BID.
Estos programas buscan implantar un modelo de gestión de la burocracia eficiente, así como reducir el exceso de personal.
En el documento base para el segundo crédito, el BID señala que en el marco de las reestructuraciones llevadas a cabo desde el 2011 hasta mediados del 2013 fueron despedidos alrededor de 13.000 servidores públicos, a un costo de $ 522 millones, de los cuales el 36% fueron recursos del Banco.
Lo que buscan el BID y el Gobierno es reforzar al Instituto Nacional de la Meritocracia (INM) para que las vacantes sean llenadas por personas con formación ajustada al perfil del puesto. El proyecto inicial contempló elaborar los denominados Proyectos de Inversión de Reforma Institucional (PIRI) en los ministerios de Salud, Educación, Justicia y Finanzas.
Este Diario pidió una entrevista al MEF para conocer los avances de ambos proyectos, pero no hubo respuesta.
Según el BID, desde el primer crédito se han logrado resultados positivos: mejora en la calidad de servicios y “beneficios económicos superiores a los previstos debido a la mayor velocidad en la desvinculación de personal no necesario y los gastos operativos asociados a ello, llegando a generar un Valor Actual Neto de $ 181 millones”.
El costo de los dos créditos es, en conjunto, de $ 520 millones; sin embargo, el documento del BID revela que la reforma global del Estado costará $ 1.180 millones
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