María Eugenia Carrera Ramírez se llamará el flamante laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses que fue inaugurado, ayer, en el norte de Quito.Ella fue víctima de la delincuencia cuando tenía 25 años. Su cadáver fue encontrado en San Antonio de Pichincha, en el noroccidente de la provincia, en agosto de 2012. Sus padres viajaron desde Tulcán, no menos de 20 veces, a Quito. "Para rogar, para implorar que avancen las investigaciones", contó el ministro del Interior, José Serrano. Los primeros resultados se dieron solo después de seis meses del crimen. Luego se recibieron las versiones de sus compañeros de trabajo.Para el análisis de una de las evidencias del caso, sus padres tuvieron que acudir a un laboratorio en Guayaquil y pagar, con su dinero, las pruebas de ADN.Serrano relató el caso de María Eugenia para ofrecer que, nunca más, una historia así se debe repetir. Esa realidad quedará en el pasado gracias a la tecnología instalada en las siete plantas del edificio localizado en la avenida Mariana de Jesús, frente al Hospital de la Policía, en la capital. El Gobierno hizo una inversión de 11'050.000 dólares. La construcción, adecuación e instalación de equipos tomó alrededor de un año. Se pretende, "la objetividad y las certezas en las evidencias que se analizan en los diferentes procesos penales", explicó el ministro del Interior.Seguridad y división. Ingresar al edificio no es una tarea sencilla: cuenta con medidas de seguridad especiales. Las siete plantas se dividen en: inspección ocular, fotografías pericial y balística, los sistemas AFIS de identificación dactilar, AVIS de identificación Biométrica por voz, IBIS de identificación balística. También hay espacios para Química, Toxicología, Antropología Forense, ADN e Informática Forense.En la dependencia existen 240 puestos de trabajo, informó Rodrigo Suárez, comandante de Policía. Entre ellos 150 peritos técnicos y personal civil contratado para cubrir áreas de especialización.Gustavo Jalkh, titular de la Judicatura, destacó el aporte, por ejemplo, en la realización de exámenes de ADN para aclarar paternidades porque permitirá el acceso a la justicia gratuita de las madres. "Es un espacio de justicia, de derecho, de aporte científico que va a beneficiar en una serie de aspectos", concluyó.
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