Hacer
ciertos cambios en la Constitución –que lleva seis años de vigencia–
tiene acogida entre algunos de sus autores originales, pero no en los
temas ni en la forma como quiere el régimen de Rafael Correa.
Así lo demuestra un sondeo realizado por EL UNIVERSO a 40 exmiembros de la Asamblea Constituyente que elaboró esa norma suprema. La muestra representa un 30,7 % del total de integrantes (eran 130).
La mitad de los encuestados llegó a la Constituyente auspiciado por Alianza PAIS (AP), aunque luego se alejaron. La otra corresponde a las agrupaciones de minoría.
En junio pasado, el oficialismo entregó a la Corte Constitucional (CC) un paquete de 18 modificaciones a la Carta Magna para que esta resuelva cuál de las vías que prevé la Constitución debe aplicarse.
Entre ellas constan la reelección indefinida para las autoridades, la edad para ser presidente, los límites para la acción de protección, los cambios en el rol de las Fuerzas Armadas y el plazo para formar regiones.
Aunque 24 exconstituyentes sí están de acuerdo con que se introduzcan reformas, solo 11 apoyan la vía escogida por AP para hacerlas: enmiendas constitucionales que se tramiten en la Asamblea Nacional.
De los entrevistados 18 ven que la consulta popular es el camino correcto para dar vía libre a la propuesta de AP y 6 más coinciden en esa vía junto a otras más, como la instalación de una nueva Constituyente.
Quienes fueron parte de la oposición en Montecristi, en donde sesionó la Constituyente, hacen notar las contradicciones de las tesis de AP de entonces con las de ahora.
“En aquella época debatimos por el exceso de candados constitucionales que existen y fueron ellos que promovieron esos candados con el argumento que no debería ser modificada (la Constitución). Que asuman la responsabilidad”, comenta Leonardo Viteri, médico que llegó a la Asamblea por el PSC pero luego formó su propio grupo llamado Machete.
Fausto Lupera, que todavía es parte de las filas de Sociedad Patriótica, dice que votó en contra de la Constitución por ser “garantista” para el Estado y no para los ciudadanos. “Tanto es así que (Rafael Correa) quiere reformarla cuando dijo que duraría 300 años”.
Y la crítica más fuerte es a la intención gubernamental de permitir la reelección indefinida para todas las autoridades.
“Toda la bancada de PAIS había vociferado contra la elección indefinida de las autoridades seccionales. Hubo un consenso total sobre la inconveniencia de la reelección que se aprobó por una sola vez”, recuerda Fernando Vega, quien fue electo por AP pero luego se distanció e integró el movimiento Montecristi Vive.
De este grupo hay quienes aceptarían que se hagan cambios pero en temas como el hiperpresidencialismo, mejorar la gobernabilidad, cubrir supuestos vacíos y fallas.
Pero para quienes siguen en el oficialismo “la Constitución no está escrita en piedra”. En ello coinciden Pedro de la Cruz (actual parlamentario andino) y Gabriel Rivera (asambleísta). Este último sostiene que “tiene que adecuarse a los cambios de las nuevas necesidades sociales, de manera que la Constitución no es un fin, es un medio, el fin es la ciudadanía”.
Todos señalan que al no plantearse cambios en la estructura del Estado ni afectar derechos la vía que ellos proponen es la adecuada. Y consideran que el pueblo y la Asamblea tienen potestad de hacerlo.
“De acuerdo a la Constitución el procedimiento de enmienda permite un amplio debate que se abrirá en el país”, sostiene Soledad Vela (AP), reelegida para este periodo legislativo.
Así lo demuestra un sondeo realizado por EL UNIVERSO a 40 exmiembros de la Asamblea Constituyente que elaboró esa norma suprema. La muestra representa un 30,7 % del total de integrantes (eran 130).
La mitad de los encuestados llegó a la Constituyente auspiciado por Alianza PAIS (AP), aunque luego se alejaron. La otra corresponde a las agrupaciones de minoría.
En junio pasado, el oficialismo entregó a la Corte Constitucional (CC) un paquete de 18 modificaciones a la Carta Magna para que esta resuelva cuál de las vías que prevé la Constitución debe aplicarse.
Entre ellas constan la reelección indefinida para las autoridades, la edad para ser presidente, los límites para la acción de protección, los cambios en el rol de las Fuerzas Armadas y el plazo para formar regiones.
Aunque 24 exconstituyentes sí están de acuerdo con que se introduzcan reformas, solo 11 apoyan la vía escogida por AP para hacerlas: enmiendas constitucionales que se tramiten en la Asamblea Nacional.
De los entrevistados 18 ven que la consulta popular es el camino correcto para dar vía libre a la propuesta de AP y 6 más coinciden en esa vía junto a otras más, como la instalación de una nueva Constituyente.
Quienes fueron parte de la oposición en Montecristi, en donde sesionó la Constituyente, hacen notar las contradicciones de las tesis de AP de entonces con las de ahora.
“En aquella época debatimos por el exceso de candados constitucionales que existen y fueron ellos que promovieron esos candados con el argumento que no debería ser modificada (la Constitución). Que asuman la responsabilidad”, comenta Leonardo Viteri, médico que llegó a la Asamblea por el PSC pero luego formó su propio grupo llamado Machete.
Fausto Lupera, que todavía es parte de las filas de Sociedad Patriótica, dice que votó en contra de la Constitución por ser “garantista” para el Estado y no para los ciudadanos. “Tanto es así que (Rafael Correa) quiere reformarla cuando dijo que duraría 300 años”.
Y la crítica más fuerte es a la intención gubernamental de permitir la reelección indefinida para todas las autoridades.
“Toda la bancada de PAIS había vociferado contra la elección indefinida de las autoridades seccionales. Hubo un consenso total sobre la inconveniencia de la reelección que se aprobó por una sola vez”, recuerda Fernando Vega, quien fue electo por AP pero luego se distanció e integró el movimiento Montecristi Vive.
De este grupo hay quienes aceptarían que se hagan cambios pero en temas como el hiperpresidencialismo, mejorar la gobernabilidad, cubrir supuestos vacíos y fallas.
Pero para quienes siguen en el oficialismo “la Constitución no está escrita en piedra”. En ello coinciden Pedro de la Cruz (actual parlamentario andino) y Gabriel Rivera (asambleísta). Este último sostiene que “tiene que adecuarse a los cambios de las nuevas necesidades sociales, de manera que la Constitución no es un fin, es un medio, el fin es la ciudadanía”.
Todos señalan que al no plantearse cambios en la estructura del Estado ni afectar derechos la vía que ellos proponen es la adecuada. Y consideran que el pueblo y la Asamblea tienen potestad de hacerlo.
“De acuerdo a la Constitución el procedimiento de enmienda permite un amplio debate que se abrirá en el país”, sostiene Soledad Vela (AP), reelegida para este periodo legislativo.
Yo me inclinaría por el referéndum, para taparle la boca a la derecha neoliberal que quiere regresar al pasado, pero el pueblo dio apoyo de más de cien asambleístas para hacer los cambios jurídicos”.
Pedro de la Cruz
Alianza PAIS
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