El juicio contra la empresa transnacional Texaco (ahora Chevron Texaco) fue interpuesto en 1993 por 30.000 colonos de cinco nacionalidades indígenas amazónicas de Ecuador, que demandaron la reparación de los daños causados a la salud y al ambiente por el uso, según ellos, de tecnología barata, pero obsoleta, en las operaciones de explotación petrolera.
La compañía construyó y operó pozos entre 1964 y 1992, en un territorio de 1.500.000 hectáreas aproximadamente, donde vivían unas 80 comunidades indígenas.
Después de 20 años de litigio legal en cortes nacionales e internacionales, la máxima autoridad de justicia en Ecuador, ha ratificado las sentencias de primera y segunda instancia que condenan a la petrolera a pagar por los daños ocasionados en la Amazonía ecuatoriano durante su operación.
Según Eduardo Bermeo, abogado de los afectados en la Amazonía, la sentencia deja muy claro “que el que contamina, paga”.
La sentencia conmina a Chevron a pagar 8.646 millones de dólares. Para los abogados de los afectados, el pronunciamiento de la Corte de Justicia de Ecuador ratifica el proceso y las pruebas de las cortes inferiores.
“Esta sentencia nos abre una serie de nuevas opciones en el marco de la ejecución en el marco de ir a países extranjeros para cobrar este dinero”, señaló Juan Pablo Sáenz, abogado de los afectados.
Saénz aseguró que tienen un listado de 30 países en los cuales trabajan para ese propósito. Por estrategia dijo que no revelaría los nombres de tales naciones.
Aunque los afectados por la actividad petrolera consideran el fallo como una victoria, advierten que la consideran una victoria a medias, debido a que el fallo de la Corte bajó la sanción económica, que inicialmente era de 19.000 millones de dólares, a casi la mitad.
“La cantidad de dinero es insignificante, porque comparando con las vidas humanas que hemos perdido y durante tantos años, eso es mucho más incalculable que el valor”, dijo Humberto Piaguaje, líder de la Unión de Comunidades Indígenas de la Amazonía.
Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano —que lleva adelante la denominada Campaña Sucia de Chevron— no se ha pronunciado. Sin embargo, la defensa de los indígenas amazónicos asegura que Quito siempre estuvo al margen del proceso.
“Es completamente independiente, el Estado ecuatoriano jamás se ha involucrado en el proceso judicial”, dijo Sáenz.
La respuesta de Chevron
La compañía reaccionó de forma fue inmediata.
"La sentencia de Lago Agrio es tan ilegítima e inaplicable hoy como lo fue cuando se publicó hace casi tres años", dijo Hewitt Pate, vicepresidente de Chevron y consejero general.
"El Gobierno de Ecuador debe investigar a los abogados que están usando los tribunales para cometer fraude, en lugar de emitir otra opinión de la corte en apoyo de ese fraude”.
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