“Vamos a recomendar la terminación de los tratados; entonces, tenemos que pensar en alternativas. Vamos a proveer una serie de alternativas” para que el Estado ecuatoriano enfrente ese proceso, indicó Muthucumaraswamy Sornarajah, uno de los 14 miembros de Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa).
Sornarajah, experto en derecho internacional nacido en Sri Lanka y que vive entre Australia y Singapur, está en Ecuador junto a otros miembros de la comisión para avanzar en el análisis de los acuerdos, un trabajo que inició en octubre de 2013 por mandato presidencial.
La Caitisa está examinando exhaustivamente 26 tratados de inversión firmados entre 1990 y 2006, así como 36 arbitrajes internacionales en los que Ecuador ha estado involucrado. La comisión está integrada por 5 funcionarios del Gobierno y 9 expertos nacionales e internacionales.
Sornarajah, enfatizó que la decisión final sobre los tratados la tiene el presidente Correa, pero dijo que la recomendación implica "una opción que es no firmar más tratados ... y la otra recomendación es firmar tratados sí, pero anteponiendo una serie de defensas" para el Estado, reconocimiendo avances en el derecho internacional que contemplan temas de protección de derechos sociales, ambientes y culturales.
Recordó que la mayoría de acuerdos fueron suscritos en los noventa, en el marco de un contexto internacional en el que los países estaban prácticamente condicionados a firmarlos a cambio de préstamos, ayudas y reconocimientos.
Hasta el momento, tratados con 9 países han sido denunciados y su proceso terminado (Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Finlanda); 12 han sido denunciados pero sin terminar el proceso (Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, China, Chile, Holanda, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, Suiza y Argentina) y 5 no han sido "denunciados" (Perú, Bolivia, España, Suiza, Rumania), según información de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
El comisionado, que habló en inglés y usó un traductor, señaló que "si los tratados son mantenidos tal cual están y no son cambiados, Ecuador no será capaz de actuar para favorecer el interés público”.
Amparado en el TBI con Estados Unidos (1997), la petrolera estadounidense Occidental (Oxy) presentó una demanda de arbitraje en 2006 contra el Estado ecuatoriano. Solicita una compensación de 3.370 millones de dólares por considerar que se vulneraron sus derechos cuando Ecuador terminó anticipadamente y de forma unilateral un contrato petrolero. La nación andina justifica la decisión señalando que la empresa violó el contrato y leyes nacionales. El pleito está en marcha.
Consultado sobre el riesgo que implica para el Estado ecuatoriano adoptar una decisión que pudiera afectar la percepción de los inversionistas sobre el país, en un momento en el que el gobierno ha anunciado la necesidad de atraer inversión extranjera, Sornarajah respondió: "Sin duda hay un riesgo. Usted no quiere ser visto como un país que se retracta de sus obligaciones, pero si existe una buena justificación para hacerlo entonces debería estar en capacidad de hacerlo”, declaró.
El experto dijo que de los análisis realizados en materia de beneficio económico de los tratados se ha podido concluir que "no existen evidencias que demuestren que los tratados de inversiones atraigan inversiones. Brasil no tiene tratados de inversión, por ejemplo. Los dos estados que son los más grandes inversionistas en Ecuador son Brasil y México y no tienen tratados de inversión con Ecuador”.
http://www.andes.info.ec/es/noticias/comision-internacional-analiza-tratados-inversion-ecuador-recomendara-terminar-esos
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