La preocupación por no saber cómo van a cubrir sus deudas de viviendas o educativas y el malestar por las declaraciones del presidente Rafael Correa, en las que cuestiona que las utilidades de las empresas de telecomunicaciones sean fruto de su productividad, marcan la jornada de los trabajadores de las empresas Movistar y Claro.
Ellos rechazan el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Telecomunicaciones, que plantea la reducción del 80 % de sus utilidades (del 15 % al 3 %), pues consideran que atenta contra sus derechos de trabajadores.
Ayer un grupo de empleados de Claro se puso de acuerdo para ir a trabajar con camisetas negras para “rechazar la reforma que quiere aplicar el Gobierno”, según Estefanía Mantilla, una de las organizadoras de esta iniciativa.
Otros empleados, en cambio, están inquietos por las declaraciones sobre sus aportes en la generación de esas utilidades.
El martes pasado en una entrevista en Santo Domingo, Correa planteó esta pregunta: “¿El esfuerzo de familias muy trabajadoras rinde $ 130 millones de dólares en utilidades o es el espectro radioeléctrico de todos los ecuatorianos?”.
Sobre esto, Ángel Campos, técnico de Claro, hizo referencia a que hace 20 años, sin tecnología celular y sin la inversión de la empresa, la administración y soporte de los trabajadores no se generaban ingresos para el país.
Empleados de Movistar, en cambio, señalan que se sienten estigmatizados.
En su enlace semanal, Correa dijo que el promedio de utilidades de las operadoras es de $ 27 mil, que se generan con un recurso natural “ya creado” y que es “de todos los ecuatorianos”.
“Nos estigmatizó totalmente. Yo guardo mi credencial al salir de la empresa, porque sí, nos sentimos atacados. Se afectó a nuestra seguridad”, afirma Rodrigo Castillo, empleado de mercadeo de Movistar.
Él es la única fuente de ingresos en su hogar. Tiene tres hijos y adquirió una deuda con el Biess para comprar un departamento por el que paga $ 300 al mes. Con las utilidades planeaba abonar al capital del préstamo.
Fernando Cabrera, jefe del área de posventa de Movistar, paga $ 400 por el crédito educativo de su esposa, $ 500 más por un crédito hipotecario y otros $ 300 por la deuda de un vehículo. Con las utilidades esperaba pagar el capital de sus deudas y bajar las cuotas mensuales “para tener un respiro en los gastos del día a día”.
Otro de los trabajadores de Claro que ha expresado su inconformidad es Bryan Zambrano. En una entrevista con Contacto Directo, remarcó que el Gobierno sustenta el proyecto de ley en el artículo 328 de la Constitución –que permite de manera excepcional regular el porcentaje de participación en utilidades en las empresas que exploten recursos naturales no renovables–, y contrapone que la resolución número seis de la Corte (Constitucional) ha dicho que el espectro radioeléctrico no entra en esta figura.
Refiere que Correa ha mencionado que el dinero se usaría en infocentros o laboratorios de computación para las escuelas, pero que ya hay contribuciones extras de las empresas de telecomunicaciones. Estas aportan el 2,93 % de sus ventas brutas al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, precisó.
Gobierno
El Gobierno indicó que los $ 100 millones que entrarían al Estado por la disminución de las utilidades de los trabajadores se usarían para la construcción de infocentros o laboratorios para escuelas.
El Gobierno indicó que los $ 100 millones que entrarían al Estado por la disminución de las utilidades de los trabajadores se usarían para la construcción de infocentros o laboratorios para escuelas.
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