Con
la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el 10 de agosto
próximo, 2.000 personas sentenciadas por delitos relacionados con el
narcotráfico saldrían en libertad, según los cálculos realizados por la
Defensoría Pública.
Según esa institución, los privados de la libertad se beneficiarán del principio constitucional de la favorabilidad, que permite aplicar, en favor de quienes tengan sentencia, una norma legal más benigna, pese a que esta haya sido aprobada con posterioridad.
Esto ocurre con la próxima vigencia del Código, que determina penas más bajas en relación a la norma que dejará de regir en unos días.
Por mandato de este cuerpo legal, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) elaboró una tabla que considera las cantidades de droga, cuyo manejo determinará la sanción por el tráfico ilícito de mínima (2 a 6 meses de prisión), mediana (1 a 3 años), alta (5 a 7 años) y de gran escala (10 a 13 años). Con esta, según el defensor público Ernesto Pazmiño, “si una persona fue condenada con la legislación antigua a ocho años de prisión por llevar 250 gramos (de droga), delito que el nuevo Código sanciona con entre dos a seis meses de prisión, y la persona ya cumplió uno de los ocho años de la sentencia, significa que cumplió en exceso la pena que determina el nuevo Código; por tanto, el juez tendrá que ordenar inmediatamente su libertad”.
Frente a la inminencia de la liberación y para evitar problemas posteriores, la Defensa Pública, dijo, trabaja con los internos en las cárceles a fin de presentar las peticiones de cumplimiento de condena, a partir del 10 de agosto.
Mientras, en la Asamblea Nacional, el legislador Luis Fernando Torres (PSC-CREO-Cambio), integrante de la Comisión de Justicia, adelantó que pedirá un informe al Consep sobre el impacto que pueda generar la tabla aprobada por esa entidad.
De acuerdo con las cifras que maneja la Fiscalía, en el 2013 se tramitaron 6.183 casos por delitos relacionados con el narcotráfico, 2.629 indagaciones previas, 3.029 instrucciones fiscales y 1.135 sentencias condenatorias. De enero a junio del 2014 hay 3.584 casos, 1.270 indagaciones previas, 1.775 instrucciones fiscales y 774 condenas.
Según esa institución, los privados de la libertad se beneficiarán del principio constitucional de la favorabilidad, que permite aplicar, en favor de quienes tengan sentencia, una norma legal más benigna, pese a que esta haya sido aprobada con posterioridad.
Esto ocurre con la próxima vigencia del Código, que determina penas más bajas en relación a la norma que dejará de regir en unos días.
Por mandato de este cuerpo legal, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) elaboró una tabla que considera las cantidades de droga, cuyo manejo determinará la sanción por el tráfico ilícito de mínima (2 a 6 meses de prisión), mediana (1 a 3 años), alta (5 a 7 años) y de gran escala (10 a 13 años). Con esta, según el defensor público Ernesto Pazmiño, “si una persona fue condenada con la legislación antigua a ocho años de prisión por llevar 250 gramos (de droga), delito que el nuevo Código sanciona con entre dos a seis meses de prisión, y la persona ya cumplió uno de los ocho años de la sentencia, significa que cumplió en exceso la pena que determina el nuevo Código; por tanto, el juez tendrá que ordenar inmediatamente su libertad”.
Frente a la inminencia de la liberación y para evitar problemas posteriores, la Defensa Pública, dijo, trabaja con los internos en las cárceles a fin de presentar las peticiones de cumplimiento de condena, a partir del 10 de agosto.
Mientras, en la Asamblea Nacional, el legislador Luis Fernando Torres (PSC-CREO-Cambio), integrante de la Comisión de Justicia, adelantó que pedirá un informe al Consep sobre el impacto que pueda generar la tabla aprobada por esa entidad.
De acuerdo con las cifras que maneja la Fiscalía, en el 2013 se tramitaron 6.183 casos por delitos relacionados con el narcotráfico, 2.629 indagaciones previas, 3.029 instrucciones fiscales y 1.135 sentencias condenatorias. De enero a junio del 2014 hay 3.584 casos, 1.270 indagaciones previas, 1.775 instrucciones fiscales y 774 condenas.
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