martes, 8 de julio de 2014

HOY SE DEBATE CÓDIGO MONETARIO

Mediante la Junta y BCE
Un objetivo del Código, manejo de la liquidez

Manejar la liquidez de la economía ha sido establecido como uno de los objetivos del Código para así “asegurar los niveles de liquidez y contribuir al cumplimiento del programa económico”.
Esto, mediante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Por ejemplo, este ente define las reservas de liquidez y de liquidez doméstica de las entidades financieras.

El Banco Central del Ecuador (BCE) también lo podrá hacer por medio de instrumentos financieros reembolsables de inversión doméstica en la banca pública, en el financiero privado y en el popular y solidario.

El Código señala que los recursos del fondo de liquidez serán una garantía de última instancia sobre las operaciones de inversión doméstica.

Para el asambleísta Ramiro Aguilar (independiente) hay el riesgo de que los excedentes de la liquidez nacional puedan cubrir la brecha fiscal por el excesivo gasto público.
En cambio, César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, ha pedido al Gobierno que maneje los excedentes de liquidez del sector público, pero que evite disponer de los recursos de los depositantes en el sistema privado.

Proyecto del Ejecutivo propuso que se deseche toda acción judicial contra los miembros de nuevo ente
Junta de Política y Regulación tendría más de 50 funciones

Cuarenta y ocho funciones generales y tres macroeconómicas tendrá la Junta de Política y Regulación Monetaria. Su creación alude a una suerte de fusión de la Junta Bancaria, de la Superintendencia de Bancos, del Directorio del Banco Central y de la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario. Sus miembros, que son ministros del Gobierno de turno y superintendentes (estos sin voto), podrán formular y dirigir políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera.

La Junta aprobaría la programación monetaria, crediticia, cambiaria y financiera que se alineará al programa económico del Gobierno. También manejaría la política de inversiones de los excedentes de liquidez y regularían la moneda electrónica.

 Estos funcionarios tendrían una especie de inmunidad, pues se plantea que toda acción judicial que se establezca en forma personal contra ellos “será ineficaz y los jueces que las conozcan deberán desecharlas”. Sin embargo, la Comisión de Régimen Económico estableció una salvedad en: “aquellas acciones desde la Fiscalía por delitos contra la Administración Pública y la acción judicial de repetición”.

El ministro Patricio Rivera había indicado que el objetivo de la norma es que los miembros de la Junta no sean amedrentados por ningún sector.

Sistemas de canje
BCE hará circular dinero electrónico

El Código establece que la moneda electrónica será puesta en circulación por el Banco Central del Ecuador (BCE) sobre la base de las políticas y regulaciones de la Junta y que todas las transacciones se expresarán en dólares de los EE.UU.

El asambleísta Ramiro Aguilar (independiente) expresó dudas sobre cómo confluirán monedas físicas como el dólar, las metálicas y el dinero electrónico, así como sobre su respaldo. El presidente de la Cámara de Industrias, Richard Martínez, había pedido que para garantizar que el dinero electrónico esté respaldado por activos líquidos del BCE, se los registre en el primer balance, lo que no fue acogido por la Comisión de Régimen Económico.

Comisión plantea que se mantenga como está actualmente
Directorio del Biess con cuatro miembros

La Comisión de Régimen Económico plantea en su informe que se mantenga la estructura actual del Directorio del Biess con cuatro miembros. En el proyecto dice que estos se mantendrán hasta que se implementen los concursos de méritos para su reemplazo. Así la propuesta del Ejecutivo de un directorio con 5 miembros (3 de ellos de esa función del Estado) no cuajó en la Comisión.

En cuanto a las deudas que tiene el Estado con el Biess, la Comisión establece que estas se liquiden con una nueva fórmula: aplicando el capital y una tasa de rendimiento.

El proyecto de ley registra otros cambios dirigidos a entidades de la banca pública. El Banco de la Vivienda se liquida. El Instituto de Crédito Educativo y Becas se convierte en un instituto que trabajará como “brazo operativo de la Senescyt”.

También plantea que el presidente de la República, vía decreto ejecutivo, por razones de interés público, podrá disponer el cierre de las entidades del sector financiero público.

Según el Código, el Banco del Estado, el de Fomento, la Corporación Financiera Nacional y la Corporación Nacional de Finanzas Populares seguirán operando hasta que el presidente de la República expida los correspondientes decretos autorizando su funcionamiento.

Direccionamiento
Crédito para sector productivo
El proyecto de Código Monetario plantea redireccionar el crédito al sector productivo. Para hacerlo no se han precisado los métodos, aunque el asambleísta Galo Borja (AP) habló de fijar tasas altas para los depósitos de largo plazo y así incentivar este tipo de fondeo.

Sin embargo, en el texto se establece que las autoridades de control podrán revocar la autorización de funcionamiento de una entidad si esta no ha cumplido con el mínimo de operaciones en seis meses consecutivos. Este punto fue señalado como riesgoso por Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias.

Para César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, obligar a la banca a dar crédito a largo plazo, podría generar un descalce. Esto porque ahora solo el 5% del ahorro es a un año plazo, el resto, a menor tiempo.

Popular y Solidaria
Más cobertura de depósitos a cooperativas

La Comisión de Régimen Económico planteó que las cooperativas que no pertenezcan al segmento uno (1), que son aquellas que tienen activos de más de $ 80 millones y que, según el proyecto enviado por el Ejecutivo, tendrían una cobertura menor de los depósitos, puedan incrementar esta a través de mayores aportaciones particulares a la Corporación de Seguros de Depósitos.

Representantes de la Economía Popular y Solidaria se habían mostrado preocupados porque en el proyecto de ley los depósitos de la banca tienen un techo de cobertura de $ 32.000 frente al de la Economía Popular y solidaria, de $ 11.000. La diferencia era interpretada como un incentivo a preferir la banca privada.

15
disposiciones generales y 37 derogatorias tiene el codigo

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