martes, 8 de julio de 2014

JUSTICIA ECUATORIANA RATIFICA SENTENCIA POR EXPLOTACIÓN DE ORO EN ÁREA PROTEGIDA

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la sentencia contra un ciudadano ecuatoriano que fue encontrado culpable de explotación aurífera dentro del parque Nacional Podocarpus, un área protegida por el Estado debido a los delitos ambientales que se registraban en la zona.

El máximo organismo judicial de Ecuador ratificó la pena dictada por el Tribunal de Garantías Penales de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe de ocho meses de cárcel contra Darwin Sucunuta, más el pago de USD 2.245 por daños y perjuicios.

El procesado fue detenido luego de un operativo realizado en septiembre de 2012 por varias entidades del Estado en el sector de San Luis dentro del parque nacional, en el que fueron encontrados tres campamentos de minería ilegal.

En aquel entonces, las autoridades encontraron en los campamentos varias municiones de escopetas calibre 16 milímetros, alimentos, detonadores de explosivos, tacos de dinamita, canecas de combustibles.

Además, sopletes portátiles, una serie de indumentaria empleada en actividades de recuperación de oro, dos cilindros amalgamadores (chanchas) conectadas a canelones que desembocaban a una quebrada cercana, causando serias afectaciones ambientales.

También, se evidenció la deforestación de vegetación nativa en alrededor de 200 metros cuadrados y la desviación del curso natural de una quebrada aledaña a los campamentos.

El Parque Nacional Podocarpus se ubica en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en el sur oriente del país suramericano. Fue instaurado el 15 de diciembre de 1982 mediante Acuerdo Ministerial N° 398. El Parque se extiende sobre 146.280 km²; en las dos estribaciones de la Cordillera Oriental de Los Andes hasta las cuencas de los ríos Nangaritza, Numbala y Loyola.

Se estableció con el fin de proteger al bosque más grande de romerillos en el país, compuesto por tres especies del género Podocarpus, la única conífera nativa del Ecuador.

El gobierno del presidente socialista, Rafael Correa, le declaró la guerra a las actividades de minería ilegal, por esta razón las Fuerzas Armadas, la Policía y otras instituciones estatales realizan operativos y controles para impedir que esta actividad se desarrolló por los graves daños ambientales que produce.


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