La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la sentencia contra un
ciudadano ecuatoriano que fue encontrado culpable de explotación
aurífera dentro del parque Nacional Podocarpus, un área protegida por el
Estado debido a los delitos ambientales que se registraban en la zona.
El máximo organismo judicial de Ecuador ratificó la pena dictada por
el Tribunal de Garantías Penales de la provincia amazónica de Zamora
Chinchipe de ocho meses de cárcel contra Darwin Sucunuta, más el pago de
USD 2.245 por daños y perjuicios.
El procesado fue detenido luego de un operativo realizado en
septiembre de 2012 por varias entidades del Estado en el sector de San
Luis dentro del parque nacional, en el que fueron encontrados tres
campamentos de minería ilegal.
En aquel entonces, las autoridades encontraron en los campamentos
varias municiones de escopetas calibre 16 milímetros, alimentos,
detonadores de explosivos, tacos de dinamita, canecas de combustibles.
Además, sopletes portátiles, una serie de indumentaria empleada en
actividades de recuperación de oro, dos cilindros amalgamadores
(chanchas) conectadas a canelones que desembocaban a una quebrada
cercana, causando serias afectaciones ambientales.
También, se evidenció la deforestación de vegetación nativa en
alrededor de 200 metros cuadrados y la desviación del curso natural de
una quebrada aledaña a los campamentos.
El Parque Nacional Podocarpus se ubica en las provincias de Loja y
Zamora Chinchipe, en el sur oriente del país suramericano. Fue
instaurado el 15 de diciembre de 1982 mediante Acuerdo Ministerial N°
398. El Parque se extiende sobre 146.280 km²; en las dos estribaciones
de la Cordillera Oriental de Los Andes hasta las cuencas de los ríos
Nangaritza, Numbala y Loyola.
Se estableció con el fin de proteger al bosque más grande de
romerillos en el país, compuesto por tres especies del género
Podocarpus, la única conífera nativa del Ecuador.
El gobierno del presidente socialista, Rafael Correa, le declaró la
guerra a las actividades de minería ilegal, por esta razón las Fuerzas
Armadas, la Policía y otras instituciones estatales realizan operativos y
controles para impedir que esta actividad se desarrolló por los graves
daños ambientales que produce.

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