El
debate sobre la eliminación o regulación de la plusvalía de la tierra
se podría adelantar en la Asamblea con el trámite del proyecto de Ley de
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo que aún está en borrador, sin
necesidad de que se realice un cambio a la Constitución.
Por plusvalía se entiende la diferencia entre el valor comercial de un predio antes y después de una obra aledaña.
Aunque este tema es uno de los que Alianza PAIS (AP) dejó fuera del primer ‘paquete’ de enmiendas, con la posibilidad de incluirlo en el segundo, el bloque no descarta que en el mismo proyecto de Ordenamiento Territorial se alcance una regulación y que luego “se eleve a la Constitución”.
“No descartamos que en leyes secundarias como en la Ley de Ordenamiento y Uso del Suelo podamos revisar eso (la plusvalía de la tierra) y luego elevarle a la Constitución, igual que hemos hecho en la actividad complementaria de las Fuerzas Armadas en la seguridad y en la comunicación”, dijo Fausto Cayambe, coordinador de AP.
Tras adelantar que en este mes se presentaría el proyecto oficial, el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón (AP), indicó que uno de los ejes de la normativa es controlar la especulación del suelo y revisar que el Estado también pueda participar de la plusvalía.
Cayambe aclaró que, al momento, existen varios planteamientos al interior del bloque. Uno es la eliminación de la plusvalía de la tierra como tal (planteada por el presidente Rafael Correa), y otro es la participación del Estado de la plusvalía o su redistribución.
“Más que eliminarla o no (la plusvalía), el concepto que compartimos con el Ejecutivo es que si el Estado, a través de la obra pública, es el que ha motivado el incremento del valor de un predio o de una zona, no puede ser que solo el dueño del terreno, del predio, sea el beneficiario de ese incremento, se tiene que compartir y el Estado tiene que recuperar esa inversión”, expresó Calderón.
En el borrador de la normativa se señala que los proyectos de obras públicas que generen plusvalía en los lotes de su entorno podrán exigir una parte proporcional de esta.
Y se menciona que la participación pública en las plusvalías ascendería como máximo al 25 % y los propietarios pueden elegir entre pagarla en dinero o ceder terrenos edificables a la administración municipal.
17 ARTÍCULOS y una disposición transitoria constan en el primer paquete de enmiendas que envió AP a la Corte Constitucional.
Por plusvalía se entiende la diferencia entre el valor comercial de un predio antes y después de una obra aledaña.
Aunque este tema es uno de los que Alianza PAIS (AP) dejó fuera del primer ‘paquete’ de enmiendas, con la posibilidad de incluirlo en el segundo, el bloque no descarta que en el mismo proyecto de Ordenamiento Territorial se alcance una regulación y que luego “se eleve a la Constitución”.
“No descartamos que en leyes secundarias como en la Ley de Ordenamiento y Uso del Suelo podamos revisar eso (la plusvalía de la tierra) y luego elevarle a la Constitución, igual que hemos hecho en la actividad complementaria de las Fuerzas Armadas en la seguridad y en la comunicación”, dijo Fausto Cayambe, coordinador de AP.
Tras adelantar que en este mes se presentaría el proyecto oficial, el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón (AP), indicó que uno de los ejes de la normativa es controlar la especulación del suelo y revisar que el Estado también pueda participar de la plusvalía.
Cayambe aclaró que, al momento, existen varios planteamientos al interior del bloque. Uno es la eliminación de la plusvalía de la tierra como tal (planteada por el presidente Rafael Correa), y otro es la participación del Estado de la plusvalía o su redistribución.
“Más que eliminarla o no (la plusvalía), el concepto que compartimos con el Ejecutivo es que si el Estado, a través de la obra pública, es el que ha motivado el incremento del valor de un predio o de una zona, no puede ser que solo el dueño del terreno, del predio, sea el beneficiario de ese incremento, se tiene que compartir y el Estado tiene que recuperar esa inversión”, expresó Calderón.
En el borrador de la normativa se señala que los proyectos de obras públicas que generen plusvalía en los lotes de su entorno podrán exigir una parte proporcional de esta.
Y se menciona que la participación pública en las plusvalías ascendería como máximo al 25 % y los propietarios pueden elegir entre pagarla en dinero o ceder terrenos edificables a la administración municipal.
17 ARTÍCULOS y una disposición transitoria constan en el primer paquete de enmiendas que envió AP a la Corte Constitucional.
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